Este viernes 20 de marzo, la coalición de Gobierno atraviesa un momento de alta tensión. Yolanda Díaz mantiene una negociación con Pedro Sánchez para incorporar la protección de los alquileres y la suspensión de desahucios en el conjunto de medidas frente a la crisis provocada por la guerra en Irán.
El inicio del plan nacional destinado a mitigar las consecuencias económicas del conflicto en Oriente Próximo ha provocado un enfrentamiento interno en el Ejecutivo. El Consejo de Ministros Extraordinario previsto para aprobar reducciones fiscales se ha transformado en una negociación de último minuto en el Palacio de la Moncloa. Esto se debe a la petición de Sumar para reestablecer parte del «escudo social» en materia de vivienda, que el PSOE inicialmente rechazaba.
Extensión obligatoria de los contratos de alquiler
La propuesta principal de Sumar es la prórroga obligatoria de los contratos de alquiler próximos a vencerse. Esta medida, utilizada ya durante la crisis inflacionaria tras la invasión de Ucrania, permitiría a los arrendatarios conservar las condiciones vigentes, evitando incrementos abruptos o cancelaciones en un contexto económico incierto.
Por su lado, el PSOE argumenta que los aumentos están ya restringidos por la Ley de Vivienda. Consideran que este paquete inicial debe enfocarse en mitigar los impactos directos de la energía y los combustibles, descartando intervenciones adicionales en el mercado inmobiliario que no consideran prioritarias para esta emergencia.
Suspensión de desahucios para hogares vulnerables
El segundo punto en discusión es la suspensión de desahucios. Sumar quiere reinstaurar la protección para familias en situación vulnerable sin alternativas habitacionales, una medida que feneció en febrero tras no lograr suficiente apoyo parlamentario.
En este aspecto, la discrepancia es menor, aunque persisten diferencias:
- Aplicación limitada: Se baraja que solo afecte a colectivos con mayor vulnerabilidad.
- Exclusión de pequeños propietarios: El Ejecutivo favorece permitir desahucios para dueños con una o dos viviendas, focalizando la prohibición en grandes tenedores.
Diálogo privado para resolver el desacuerdo
El retraso de más de dos horas en el comienzo del Consejo ha obligado a un encuentro privado y urgente entre Pedro Sánchez y Yolanda Díaz. La vicepresidenta segunda encabezó el rechazo de cinco ministros a un decreto que solo incluyera rebajas fiscales (como IVA reducido al 10% para luz y gasolina), sin abordar lo que consideran la «cuestión económica principal» para las familias españolas: la vivienda.
El resultado de estas conversaciones definirá no solo el contenido del Boletín Oficial del Estado de mañana, sino también la estabilidad de una coalición que hoy ha evidenciado tensiones ante la presión de la crisis energética mundial.
