La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha señalado la importancia de que España controle el aumento del gasto público en pensiones y realice un «reequilibrio» de su sistema fiscal. El organismo advierte que la reforma de pensiones reciente del Gobierno podría no ser suficiente para asegurar la sostenibilidad del sistema frente al envejecimiento progresivo de la población.
Mathias Cormann, Secretario General de la OCDE, destacó que España afronta un doble reto: preservar la viabilidad a largo plazo de las pensiones y crear un sistema tributario más eficiente que no desincentive el empleo. Entre las recomendaciones se encuentra la disminución de la carga fiscal sobre los salarios y el aumento de impuestos indirectos, como el IVA, junto con gravámenes relacionados con la sostenibilidad ambiental.
En el ámbito político, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, admitió que su propuesta de reforma fiscal no cuenta con el apoyo suficiente en el Congreso debido a la falta de respaldo de partidos como Podemos y Junts. Esta falta de consenso dificulta la implementación de la agenda económica del Ejecutivo y añade presión a las finanzas públicas.
Desde Bruselas, también se ha manifestado inquietud al advertir que España podría incumplir las normas fiscales europeas acordadas, lo cual podría derivar en avisos formales o sanciones por parte de la Comisión Europea. Pese a ello, la Comisión ha elevado sus previsiones de crecimiento para España hasta un 2,9% en 2025, que es más del doble del promedio de la Unión Europea, evidenciando la fortaleza de la economía española en este contexto.
La OCDE enfatiza que estas recomendaciones no solo buscan un ajuste presupuestario, sino que conforman una estrategia para garantizar la estabilidad de las finanzas públicas en el largo plazo y proteger el sistema de pensiones ante el crecimiento de la población de más de 65 años. Además, el ajuste fiscal propuesto intenta estimular la economía al reducir la presión sobre el empleo y potenciar impuestos más ecológicos que contribuyan a la transición hacia un modelo sostenible.
En este escenario, España enfrenta un momento crucial para definir su política económica, con el reto de equilibrar crecimiento, sostenibilidad fiscal y estabilidad política. Las decisiones que se tomen en los próximos meses serán fundamentales para asegurar la implementación de las reformas estructurales necesarias sin comprometer la cohesión social ni la competitividad del país.
