El organismo internacional señala que mantener ayudas indefinidas a trabajadores desempleados mayores de 52 años desincentiva su regreso al empleo y ocasiona un gasto elevado para las finanzas públicas.
En su informe económico dedicado a España, la OCDE destaca que el sistema vigente de subsidio por desempleo para personas de 52 años en adelante —una prestación mensual de 480 euros (equivalente al 80 % del IPREM) y cotización a la Seguridad Social sobre 125 % de la base mínima— podría estar conduciendo a un uso continuado e indefinido de esta ayuda. Según los datos del organismo, aproximadamente el 70 % de los beneficiarios tiene 50 años o más, lo que representa más de medio millón de personas de un total cercano a 800.000 perceptores.
La OCDE cuestiona que este modelo otorga una ventaja a los desempleados mayores frente a otros colectivos, que reciben prestaciones temporales (entre 3 y 30 meses) sin cotización a la Seguridad Social. Asimismo, critica que la evaluación de los recursos económicos para mayores de 52 años se realice a nivel individual en lugar de familiar, lo que podría facilitar que personas con otros ingresos tengan acceso al subsidio.
Para equilibrar esta situación, la entidad propone homologar las condiciones de acceso para todas las edades, limitando la duración del subsidio a los plazos que se aplican a otros grupos, realizando la evaluación de recursos a nivel familiar y restringiendo las cotizaciones asociadas a prestaciones contributivas exclusivamente. Además, recomienda impulsar programas de formación y actualización profesional para promover la reincorporación laboral de los trabajadores de mayor edad.
La OCDE advierte que, si bien la generosidad de la ayuda puede proteger frente a la pobreza en la vejez, también puede reducir el incentivo para buscar empleo, especialmente entre personas con bajos ingresos potenciales o escasas oportunidades de recolocación. Con esta propuesta, se pretende aliviar la presión sobre las finanzas públicas y el sistema de pensiones, así como mejorar la tasa de empleo en los grupos de edad avanzada.
El debate permanece abierto: limitar el subsidio implicaría un cambio importante en la política de protección social, pero también requeriría alternativas, como programas de formación, ajustes en el mercado laboral y políticas activas de empleo, para evitar que las personas desempleadas de larga duración carezcan de respaldo.
