La diferencia impositiva entre el IRPF y el impuesto sobre Sociedades provoca la transformación de miles de pequeños empresarios, que reportan una carga fiscal un 17% mayor que la registrada por las pymes.
El sistema fiscal en España genera debate debido al notorio incremento de autónomos que optan por convertirse en sociedades mercantiles. Según cifras de la asociación UPTA, más de 57.000 trabajadores por cuenta propia establecieron una entidad societaria durante el año pasado para afrontar lo que describen como una «presión fiscal insostenible».
El problema principal radica en la considerable disparidad entre los tipos impositivos aplicados. Mientras que las sociedades tributan aproximadamente un 20% sobre sus beneficios vía el impuesto sobre Sociedades —gracias a deducciones, bonificaciones y una planificación fiscal más eficiente—, los autónomos enfrentan tipos del IRPF que pueden llegar hasta el 37%, según su nivel de ingresos. Esta brecha tributaria de hasta 17 puntos afecta negativamente la competitividad de los pequeños negocios en comparación con las empresas de mayor tamaño.
Una estructura fiscal que genera desigualdad
Desde UPTA señalan que la normativa vigente no solo perjudica a los pequeños emprendedores, sino que también fomenta la economía sumergida. Muchos trabajadores, incapaces de asumir simultáneamente el pago de impuestos y las elevadas cotizaciones sociales, se ven impulsados a operar en la informalidad.
La organización critica a Hacienda, bajo la dirección de María Jesús Montero, por su aparente «desconocimiento y falta de sensibilidad» ante la situación que enfrentan los pequeños negocios, caracterizada por un aumento constante de los costes y márgenes de beneficio cada vez más reducidos. El colectivo señala que muchos autónomos recurren a la figura societaria para mantener sus actividades, ya que esta permite deducir gastos estructurales como suministros, vehículos o amortizaciones, opciones menos accesibles para los autónomos individuales.
El impacto de los costes laborales
La situación se complica aún más para autónomos con empleados. En 2025, el coste laboral medio por trabajador alcanzó los 3.256 euros mensuales. De esta cantidad, el salario neto que recibe el empleado es de 2.416 euros, mientras que los 840 euros restantes corresponden principalmente a cotizaciones sociales. Este costo adicional representa más de una cuarta parte del desembolso patronal que no llega al trabajador, lo cual constituye un desafío extra para la supervivencia de los negocios más pequeños.
Frente a este escenario, los autónomos solicitan a las autoridades medidas inmediatas para lograr un «equilibrio tributario» que les permita competir en igualdad de condiciones con pymes y grandes empresas, con el fin de evitar que la presión fiscal siga afectando negativamente al tejido productivo más vulnerable del país.
