El pasado lunes 28 de octubre el parlamento israelí aprobó, prácticamente por unanimidad, dos proyectos de ley, que decretan la prohibición de facto de que la UNRWA opere en Cisjordania y en la Franja de Gaza
Los grupos palestinos de derechos humanos sostienen que la nueva legislación israelí, que prohíbe a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) prestar servicios a la población palestina bajo ocupación israelí, «se articula con el patrón general de genocidio seguido por Israel». El pasado lunes 28 de octubre el parlamento israelí, la Knesset, aprobó, prácticamente por unanimidad, dos proyectos de ley, que decretan la prohibición de facto de que la UNRWA opere en Cisjordania y en la Franja de Gaza. La primera de estas leyes prohíbe que las autoridades públicas israelíes establezcan contacto alguno con la UNRWA, organización que, como es bien sabido, proporciona servicios sanitarios, educativos y otros básicos y esenciales a millones de refugiados palestinos en los territorios palestinos ocupados, así como en Jordania, Siria y Líbano. «La legislación también deroga con efectos inmediatos el acuerdo de 1967 firmado entre Israel y la UNRWA», de acuerdo con lo indicado por tres destacados grupos palestinos de derechos humanos: Al-Haq, Al Mezan y el Palestinian Center for Human Rights. La segunda ley prohíbe a la UNRWA operar en el denominado territorio israelí e indica que esta disposición «entrará en vigor tres meses después de la aprobación de ambas normas, lo cual sucederá aproximadamente a finales de enero de 2025», afirmaron los mencionados grupos palestinos de defensa de los derechos humanos.
La nueva legislación israelí «equivale a la criminalización de la ayuda humanitaria y empeorará una crisis humanitaria que ya es catastrófica», declaró el martes Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional
Si ambas leyes se aplicaran, ello supondría el cierre de la sede de la UNRWA en Jerusalén Este, que Israel ha ocupado ilegalmente desde 1967 y anexionado en violación del derecho internacional. La sede de la UNRWA en Jerusalén es el centro administrativo y ejecutivo de sus operaciones en Cisjordania y en la Franja de Gaza. De acuerdo con lo indicado por diversos medios de comunicación, Israel planea construir asentamientos en el actual emplazamiento de la misma, que las autoridades israelíes ordenaron desalojar en mayo. Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, goza de la potestad de bloquear la legislación, pero es poco probable que lo haga, a pesar de la presión internacional, especialmente después de que su ministro de Asuntos Exteriores declarara persona non grata a António Guterres, secretario general de la ONU. La desenfrenada hostilidad israelí contra esta organización no hará sino aumentar ante cada intento de que Israel rinda cuentas de sus actos a través de los correspondientes órganos institucionales de la misma. El miércoles 30 de octubre el Consejo de Seguridad de la ONU emitió un comunicado declarando su apoyo a la UNRWA y advirtiendo «contra cualquier tentativa de desmantelar o reducir las operaciones y el mandato de la misma».
«Criminalización de la ayuda humanitaria»
Los tres destacados grupos palestinos defensores de los derechos humanos mencionados –Al-Haq, Al Mezan y el Palestinian Center for Human Rights– declararon que la aprobación de las mencionadas leyes forma parte de una «calculada campaña, que se ha prolongado durante décadas, para desmantelar la UNRWA y socavar el derecho inalienable al retorno» de los refugiados palestinos. «Ahora más que nunca, en medio del actual genocidio que Israel está cometiendo en Gaza, el papel de la UNRWA no solo es esencial, sino insustituible», añadieron estos grupos. La nueva legislación israelí «equivale a la criminalización de la ayuda humanitaria y empeorará una crisis humanitaria que ya es catastrófica», declaró el martes Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional. Joyce Msuya, subsecretaria general adjunta de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios , dijo que «esta decisión es peligrosa e indignante». «Si la UNRWA no puede operar, es probable que se produzca el colapso del sistema humanitario en Gaza», advirtió James Elder, portavoz de la agencia de la ONU para la infancia UNICEF. «Así pues, es preciso afirmar que una decisión como ésta significa automáticamente que se ha encontrado una nueva forma de matar niños y niñas». Funcionarios de la ONU afirman que la decisión de prohibir la UNRWA equivale a un castigo colectivo, lo cual se halla tipificado como crimen de guerra, por la supuesta implicación de un reducido número de empleados de la UNRWA en el ataque lanzado el 7 de octubre de 2023 contra las bases militares y las colonias israelíes situadas en la periferia de Gaza.
«Por lo tanto, la UNRWA se encuentra en la lacerante situación de no poder responder a acusaciones sobre las que no tiene pruebas, mientras que estas acusaciones siguen siendo utilizadas para mermar y debilitar a la agencia», afirmó
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«La aplicación de las leyes podría tener consecuencias devastadoras para los refugiados palestinos» en Cisjordania, Jerusalén Este y la Franja de Gaza, según el secretario general de la ONU. La legislación nacional no puede alterar las obligaciones de Israel asumidas en virtud de la Carta de la ONU y el derecho internacional, añadió Guterres. La UNRWA es la agencia que, con enorme diferencia, deja una mayor huella humanitaria en Cisjordania y Gaza, siendo al mismo tiempo uno de los mayores empleadores existentes en los territorios palestinos ocupados. «El desmantelamiento de la UNRWA tendrá un impacto catastrófico en la respuesta internacional a la crisis humanitaria imperante en Gaza», afirmó Philippe Lazzarini, comisionado general de la UNRWA, en una carta enviada al presidente de la Asamblea General el pasado partes 29 de octubre. «También arruinará toda posibilidad de recuperación de la zona». Dada la inexistencia de cualquier otra entidad capaz de proporcionar servicios similares a los que habitualmente presta un Estado, la prohibición efectiva de la UNRWA dejará a más de 660.000 niños de Gaza sin educación. «Toda una generación de niños y niñas será sacrificada», afirmó Lazzarini.
Los grupos palestinos defensores de los derechos humanos observan que 2,4 millones de refugiados palestinos en Cisjordania y Gaza «se verán privados de servicios esenciales, en particular de educación y atención sanitaria, que únicamente la UNRWA tiene el mandato y la capacidad de prestar en estos momentos».
Personal de la UNRWA asesinado y torturado por Israel
En respuesta a las acusaciones lanzadas por Israel, Lazzarini afirmó que la UNRWA ha proporcionado a Israel la lista anual de su personal durante los últimos quince años. Personal respecto al cual Israel nunca planteó objeciones está ahora incluido en sus listas de presuntos combatientes, dijo. Las repetidas peticiones dirigidas al gobierno israelí en las que se solicitaban pruebas sobre sus acusaciones contra el personal de la UNRWA han quedado sin respuesta, añadió Lazzarini. «Por lo tanto, la UNRWA se encuentra en la lacerante situación de no poder responder a acusaciones sobre las que no tiene pruebas, mientras que estas acusaciones siguen siendo utilizadas para mermar y debilitar a la agencia», afirmó. Añadió que al menos doscientos treinta y siete miembros del personal de la UNRWA han sido asesinados en Gaza y más de doscientas de sus instalaciones han sido dañadas o destruidas en ataques que han matado a más de quinientas sesenta personas, «que buscaban la protección de la ONU, refugiándose en estas». Mientras tanto, «docenas de empleados de la UNRWA han sido detenidos, denunciando posteriormente haber sido torturados», dijo Lazzarini. Israel ha maltratado a empleados de la UNRWA detenidos en Gaza con el fin de extraer confesiones forzadas que incriminen a la agencia. Los ataques de Israel contra la UNRWA «son parte integrante» del desmoronamiento del «orden internacional basado en normas […] se trata de la repetición de los horrores, que llevaron a la creación de las Naciones Unidas», añadió Lazzarini.
La aprobación de los proyectos de ley, que cuentan con una fuerte oposición y son considerados extremistas incluso entre los aliados de Tel Aviv, aumentará la presión internacional sobre Israel. En marzo, el Tribunal Internacional de Justicia ordenó a Israel que «garantizara sin demora, en plena cooperación con la Organización de Naciones Unidas, la prestación sin trabas a la escala necesaria […] de los servicios básicos y de la asistencia humanitaria, que se necesitan urgentemente». El grupo de investigación palestino Badil ha afirmado que, en lugar de acatar las órdenes del tribunal de la ONU, los Estados coloniales occidentales están contribuyendo e instigando «el objetivo de Israel de expulsar a la UNRWA» de Cisjordania y de la Franja de Gaza, dado que diversos Estados han aprobado resoluciones conducentes a la suspensión de la financiación de la organización. «La desaparición de la UNRWA es un objetivo estratégico, que sirve a las aspiraciones coloniales y de instauración de un régimen de apartheid albergadas por Israel, conducentes a la eliminación del problema de los refugiados palestinos», añadió Badil. El grupo ha pedido a los gobiernos de todo el mundo, que «congelen la pertenencia de Israel a la Organización de Naciones Unidas dado el incumplimiento de sus obligaciones como miembro de la misma».
Derecho al retorno
El derecho al retorno incluye el incumplimiento por parte de Israel de la Resolución 194 de la Asamblea General de la ONU de 1948.Alrededor de 800.000 palestinos fueron expulsados entonces de su tierra natal durante la conquista sionista de cientos de ciudades y pueblos palestinos antes de la declaración de constitución del Estado de Israel. La Resolución 194 exige que se permita a estos refugiados regresar a sus hogares «lo antes posible» y que se les indemnice por la pérdida de sus bienes y patrimonio. La admisión de Israel en la ONU se condicionó al reconocimiento del derecho al retorno de los refugiados palestinos. En opinión del experto en derecho internacional Shahd Hammouri, la negación de ese derecho «está desconcertantemente en el corazón de la ideología del Estado israelí a pesar de ser una condición para su ingreso en la organización». Adalah, un grupo que defiende los derechos de los palestinos en Israel, afirmó que las leyes que prohíben la UNRWA «violan las medidas provisionales ordenadas por el [Tribunal Internacional de Justicia] y también pueden violar la Convención sobre el Genocidio y el Estatuto de Roma [del Tribunal Penal Internacional]».
Por su parte, el Tribunal Penal Internacional también parece estar especialmente centrado en las restricciones impuestas por Israel a la prestación de ayuda humanitaria en su investigación sobre los presuntos crímenes de guerra cometidos en Cisjordania y la Franja de Gaza por el gobierno de Netanyahu
Los secretarios de Estado y de Defensa de Estados Unidos advirtieron a Israel a principios del mes de octubre, que habría posibles consecuencias, incluida la suspensión de la ayuda militar, si Israel no permitía el aumento de la ayuda a Gaza. Los observadores internacionales advierten de un riesgo persistente de hambruna en la totalidad de Gaza. Con la llegada del invierno y tras más de un año en el que Israel ha utilizado los alimentos y el agua como armas de guerra «las vidas de dos millones de palestinos corren ya un grave peligro», afirmaron los mencionados tres grupos palestinos defensores de los derechos humanos. La interrupción de las operaciones de la UNRWA «tendría consecuencias devastadoras y contribuiría inevitablemente a imponer unas condiciones de vida calculadas para provocar la destrucción física de la población palestina de Gaza», añadieron estos grupos. Al parecer, Estados Unidos y algunos países europeos han advertido a Israel de que la prohibición de la UNRWA podría socavar la defensa del Estado israelí ante el Tribunal Internacional de Justicia, donde se le acusa de genocidio. Por su parte, el Tribunal Penal Internacional también parece estar especialmente centrado en las restricciones impuestas por Israel a la prestación de ayuda humanitaria en su investigación sobre los presuntos crímenes de guerra cometidos en Cisjordania y la Franja de Gaza por el gobierno de Netanyahu.
Noruega ya ha iniciado la tramitación de una resolución de la ONU solicitando una opinión consultiva del Tribunal Internacional de Justicia sobre la legalidad de los «obstáculos sistemáticos» interpuestos por Israel, que impiden la prestación de ayuda humanitaria a los palestinos bajo ocupación. En un comunicado publicado el pasado martes 29 de octubre, Noruega afirma que la prohibición de la UNRWA «tendrá graves consecuencias para millones de civiles, que ya viven en las circunstancias más terribles». «Tal decisión también socava la estabilidad de todo Oriente Próximo», añadía la declaración noruega. Un diplomático anónimo, cuyos comentarios fueron parafraseados por el periódico israelí Haaretz, dijo que los tribunales internacionales podrían fallar contra el Estado israelí y sus dirigentes, si se producen nuevas disminuciones de la ayuda humanitaria, «lo cual haría más difícil para los aliados de Israel defender al país».
En el momento en que la Knesset israelí votó la prohibición de la UNRWA, aproximadamente 100.000 palestinos se encontraban sitiados en las zonas del norte de Gaza de Beit Hanoun, Beit Lahiya y el campo de refugiados de Jabaliya, sin alimentos, ni agua ni suministros médicos. «Toda la población del norte de Gaza corre el riesgo de morir», declaró Joyce Msuya, subsecretaria general adjunta de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, dos días antes de la votación.
Artículo aparecido originalmente en The Electronic Intifada y publicado con el consentimiento expreso de su editor
