El Gobierno ha anunciado una regularización extraordinaria que ha generado expectativas de mejora entre miles de migrantes que viven en España sin papeles. Para muchos, esta iniciativa representa una posibilidad para obtener derechos fundamentales, acceder a mejores condiciones laborales y superar una situación marcada por la inestabilidad y la falta de seguridad.
Esta medida, que podría alcanzar a más de medio millón de personas principalmente originarias de Latinoamérica, ha provocado un intenso debate político y social con la participación de partidos, empresarios y especialistas. No obstante, los propios migrantes consideran que sus voces han tenido escasa presencia en este diálogo público.
Los potenciales beneficiarios destacan las dificultades para lograr un empleo formal o conseguir vivienda sin la documentación requerida. La irregularidad les obliga a aceptar trabajos informales y vivir con miedo a perder los recursos que han conseguido, lo que restringe sus planes a futuro. Con la regularización, confían en poder trabajar legalmente, ganar estabilidad y proyectar su vida a largo plazo.
En varios casos, la precariedad va acompañada de vulnerabilidades. Valeria —nombre ficticio—, hondureña de 35 años, narra haber sufrido acoso laboral debido a su situación irregular. La ausencia de documentos, según relata, la ha expuesto a abusos por temor a perder su sustento.
Otros migrantes subrayan que la falta de papeles les ha impedido desempeñarse en empleos acordes con su formación. Josué, hondureño, cuenta que no pudo ser contratado en un restaurante a pesar de reunir los requisitos y poseer estudios en cocina. Espera que la regularización haga posible mejorar su calidad de vida y trabajar en condiciones legales.
Jaime, peruano de 54 años y solicitante de asilo, cursa actualmente un máster en manufactura digital. Indica que ha perdido oportunidades de integración en empresas del sector industrial debido a su condición administrativa. Considera que la medida es un paso necesario hacia la integración y el reconocimiento de derechos.
Las dificultades no se limitan al ámbito laboral. Migrantes en situación irregular apuntan obstáculos para acceder a la vivienda, atención sanitaria o educación. Jessica Basanta, colombiana de 34 años, comenta que la carencia de documentación ha afectado a su familia, como en el caso de su hermano, quien no logró obtener una tarjeta de discapacidad tras una lesión.
En redes sociales, algunos migrantes han empezado a compartir sus experiencias. Suyapa, hondureña de 29 años y creadora de contenido en TikTok, explica que la regularización le permitiría conseguir un empleo estable y con derechos, tras años trabajando en limpieza y cuidado de personas mayores sin contrato. Considera que esta medida otorgaría estabilidad y les permitiría planificar el futuro.
Para quienes tienen hijos a su cargo, la situación es aún más complicada. Manuela —nombre ficticio—, rumana y madre soltera de un niño con problemas de salud, relata las dificultades para compaginar el cuidado familiar con trabajos informales. Sin residencia legal, asegura que no puede acceder a ayudas como la baja por maternidad ni a recursos para el cuidado infantil.
A pesar de la diversidad de historias, todas comparten un mismo anhelo: que la regularización extraordinaria les permita superar la inseguridad y abrir nuevas posibilidades. Para muchos, esta medida representa la oportunidad de construir una vida más estable y realizar los proyectos que motivaron su emigración.
