Documentos revelan préstamos vinculados a presuntos blanqueos relacionados con altos cargos venezolanos, autorizados con conocimiento estatal.
La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi), encargada de rescatar empresas estratégicas durante la pandemia, avaló y tuvo conocimiento de los pagos realizados por Plus Ultra en Gibraltar y Suiza utilizando fondos públicos destinados a su rescate. La Fiscalía Anticorrupción investiga estos préstamos por posible delitos vinculados a operaciones de blanqueo de capitales de altos cargos venezolanos.
De acuerdo con la documentación existente, Plus Ultra informó a la Sepi sobre préstamos por 1,3 millones de euros firmados entre 2020 y 2021 con empresas del empresario holandés Simon Leendert Verhoeven, quien está siendo investigado por las fiscalías de Suiza y Francia como presunto líder de una red de lavado de dinero relacionada con Venezuela. Los contratos contemplaban pagos a través de Valerian Corporation Limited, una sociedad radicada en Gibraltar, por 450.000 euros, con intereses del 9% y comisiones del 2%, condicionados a la recepción de la ayuda pública.
En ese momento, Julio Martínez Sola, presidente y principal accionista español de Plus Ultra, justificó estos préstamos por la demora en el trámite del auxilio por parte de la Sepi, mientras que la propia Sepi se reservó oficialmente el derecho a no hacer comentarios sobre los préstamos alegando confidencialidad.
El Gobierno finalmente aprobó en marzo de 2021 un rescate de 53 millones de euros que se destinó, entre otros fines, a cancelar los préstamos bajo investigación, incluido uno con Panacorp, un banco panameño vinculado a accionistas venezolanos de la aerolínea.
Desde Plus Ultra aseguran que estos préstamos fueron transparentes y comunicados al Estado, y que Martínez Sola no conocía personalmente a Verhoeven, sino que fue presentado por Rodolfo Reyes, principal accionista venezolano entonces.
Esta situación evidencia un posible uso inadecuado de fondos públicos y genera cuestionamientos sobre el control en la gestión de los rescates a empresas estratégicas durante la pandemia, en un contexto en que el Gobierno ha reforzado su discurso contra la evasión fiscal y el blanqueo de capitales.
