La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), entidad pública encargada de administrar la participación estatal en compañías estratégicas, se encuentra en el centro de una investigación judicial que ha culminado con la detención de su exdirectora general, Leire Díez, el expresidente Vicente Fernández y el asociado de Servinabar, Antxon Alonso.
El juez Ismael Moreno, responsable del caso en la Audiencia Nacional, ha rechazado por ahora la solicitud de Díez para anular los audios incorporados al expediente, mientras la instrucción permanece bajo secreto de sumario.
La SEPI y su relevancia
La SEPI es una entidad con plena personalidad jurídica y patrimonio propio que gestiona las participaciones del Estado en sectores estratégicos como energía, defensa, telecomunicaciones y transporte. Entre sus activos más destacados se encuentran Airbus, Navantia, Correos y RTVE. Además de supervisar los fondos públicos dirigidos a estas compañías, la SEPI desempeña un papel fundamental en la política industrial del país, encargándose de reestructuraciones y asegurando la competitividad de las empresas públicas.
Participación de Leire Díez
Leire Díez dirigió la SEPI entre 2018 y 2019. La investigación sugiere que pudo favorecer a ciertas empresas en la adjudicación de contratos públicos, presuntamente sin respetar los procedimientos de licitación establecidos. También se investigan posibles irregularidades en la gestión de contratos de gran escala, especialmente en el ámbito energético.
Aspectos de la operación
La UCO llevó a cabo 19 registros en ciudades como Madrid, Zaragoza y Sevilla, entre otras, y mantiene a los detenidos en los calabozos de la Comandancia de Madrid a la espera de declarar ante el juez. Se les imputan delitos presuntos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y pertenencia a organización criminal.
Servinabar, empresa vinculada a Antxon Alonso, habría formado uniones temporales de empresas (UTE) con Acciona para concurrir a concursos públicos, obteniendo un porcentaje de contratos sin realizar los trabajos. Vicente Fernández, después de dejar la SEPI, fue contratado por la misma firma, percibiendo más de 200.000 euros en tres años.
Fuentes del sector indican que la llamada «trama de Leire» habría buscado asesorar a empresas para hacer negocios con la administración durante el Gobierno de Pedro Sánchez, desplazando supuestamente a competidores considerados contrarios a la línea política de Ferraz.