Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, realizado en el contexto del ‘caso Koldo’ y fechado el 11 de noviembre, revela que Santos Cerdán y su colaborador Antxón Alonso implementaron diversas medidas para reforzar la confidencialidad en sus comunicaciones y reuniones. Esto se intensificó especialmente tras el relevo de José Luis Ábalos como ministro de Transportes en verano de 2021.
Según los investigadores, aunque Cerdán ya tomaba ciertas precauciones desde 2020, como apagar el móvil durante encuentros con el propietario de Servinabar 2000 S.L., fue posteriormente cuando comenzó a emplear técnicas más avanzadas para proteger sus comunicaciones.
Entre las herramientas utilizadas, destaca la aplicación de mensajería cifrada Threema, reconocida por su enfoque en el anonimato y la seguridad de los datos. La UCO localizó la primera conversación entre Cerdán y Alonso en esta plataforma en verano de 2021, desde cuando su uso se incrementó para intercambiar mensajes.
El informe indica, por ejemplo, que el 15 de noviembre de 2021, el empresario vasco contactó con el exdirigente socialista a través de esta aplicación para proponerle una reunión en un café próximo a la sede del PSOE en la calle Ferraz. Un mes más tarde, el 9 de diciembre, se repitió un contacto similar, acompañado de una imagen que Alonso envió: una fotografía de un documento oficial redactado en francés por la República de Gabón, que certificaba una deuda por valor de 13.581.919.280 francos CFA a la empresa Acciona, cifra que supera los 20 millones de euros.
Aparte del uso de mensajería segura, los investigadores destacan otras prácticas para evitar posibles seguimientos, tales como celebrar reuniones en un inmueble alquilado por Servinabar, apagar los teléfonos durante encuentros presenciales o emplear notas manuscritas mostradas en pantalla durante videollamadas.
En este contexto, la Guardia Civil ha centrado también su atención en varias videoconferencias entre Antxón Alonso y Justo Vicente Pelegrini, exdirector de Acciona Construcción España, quien testificó recientemente ante el juez Leopoldo Puente. Una de estas videollamadas, fechada el 8 de julio de 2019, fue identificada mediante una fotografía intervenida en un dispositivo de Alonso, en la que se aprecia una hoja con anotaciones manuscritas vinculadas por la UCO a obras públicas adjudicadas a Acciona.
Pelegrini declaró ante el Tribunal Supremo que dicha videollamada tuvo como único propósito tratar temas relacionados con Servinabar y negó cualquier intención ilícita. No obstante, los investigadores subrayan la coincidencia entre varios nombres de ciudades anotados en ese documento y las licitaciones públicas convocadas pocos días después y finalmente otorgadas a la constructora.
