Un informe reciente de la Guardia Civil (UCO), añadido al expediente del denominado «caso del fuel», revela que la empresaria Carmen Pano y su chófer, Álvaro Gallego, realizaron entregas en efectivo a un «tercero» por instrucción de Víctor de Aldama, apenas dos meses tras reconocer que habían llevado 90.000 euros a Ferraz. Según la UCO, José Luis Ábalos actuó como coordinador de esta operación para acelerar la concesión de la licencia de operadora a Villafuel, a cambio de la distribución de cerca de un millón de euros en efectivo.
Las pesquisas sobre esta trama vinculada a hidrocarburos, conocida también como «causa del fuel», siguen mostrando un patrón de posible tráfico de influencias y blanqueo que involucra al entorno del PSOE. Fuentes próximas al caso indicaron a La Razón que la Unidad Central Operativa ha presentado un documento clave que detalla movimientos de dinero en efectivo en momentos decisivos durante el proceso para obtener la licencia de Villafuel, firma que habría defraudado más de 220 millones de euros a Hacienda.
El documento de la UCO se centra en Carmen Pano y Álvaro Gallego, quienes habían confesado con anterioridad haber realizado dos entregas de 45.000 euros cada una (totalizando 90.000 euros) en la sede del PSOE en octubre de 2020. Los hallazgos recientes revelan que sus funciones como mediadores del dinero continuaron posteriormente.
- Entregas a un tercero: Se han descubierto mensajes importantes intercambiados entre Carmen Pano y Víctor de Aldama que refieren la movilización de dinero en efectivo para efectuar nuevas entregas a un «tercero» aún sin identificar.
- Momentos clave: Estas comunicaciones se produjeron entre diciembre de 2020 y enero de 2021, pocas semanas tras las entregas en Ferraz y en paralelo a reuniones relevantes en la Administración.
- Existencia de efectivo: La Guardia Civil señala que Pano contaba con fondos disponibles, ya que registraron extracciones de hasta 108.500 euros de empresas relacionadas con los investigados.
Las entregas de dinero ocurrieron en momentos críticos para el propósito principal de la trama: lograr la licencia para operar como distribuidora de combustible para Villafuel. Estas operaciones coincidieron con la intervención de Koldo García para gestionar encuentros en el Ministerio de Industria, entonces liderado por Reyes Maroto.
- Mensaje clarificador: Horas antes de una reunión con Juan Ignacio Bidart (jefe de gabinete de la ministra) el 28 de diciembre de 2020, Pano escribió a Aldama: «Perdona por molestarte otra vez. Faltan 10 que te los llevo el miércoles, que los cambié porque era todo en billetes de 20».
- Demora y el chófer: Días antes de otra reunión, el 13 de enero de 2021, Aldama consultó a la hija de Pano sobre la hora en que acudiría a sus oficinas para mostrarle «algo» que prefería no mantener mucho tiempo en el despacho. La hija indicó que el chófer, Álvaro Gallego —el mismo que acompañó a Pano a Ferraz— estaba en Asturias y no llegaría hasta el martes siguiente.
- Compromiso de Aldama: La UCO concluye que Víctor de Aldama se comprometió a entregar dinero en efectivo a un tercero, y que la demora en recibirlo por parte de Pano motivó su disculpa. Esta entrega estaba «condicionada al regreso del chófer de su viaje».
Los investigadores estiman que estos pagos estarían «vinculados a un abono previo necesario para activar la influencia» buscada en la Administración, y apuntan que el dinero procedía originalmente de Claudio Rivas, propietario de Villafuel.
Avances en la investigación sobre Ábalos y posibles blanqueos
La Guardia Civil intensifica su investigación sobre José Luis Ábalos, a quien identifica como el organizador de la operación para facilitar la licencia a Villafuel, que supuso un impulso al presunto fraude de 220 millones.
Esta parte de la causa, relacionada con las entregas en efectivo, fue remitida por el Tribunal Supremo a la Audiencia Nacional. El juez Ismael Moreno ha solicitado al PSOE toda la documentación relativa a los pagos en metálico realizados entre 2017 y 2024 —periodo que coincide con la dirección de Pedro Sánchez— para su análisis por parte de la Guardia Civil. La investigación apunta a un posible delito de blanqueo de capitales, dado que los pagos detectados por la UCO no coincidían con los datos proporcionados anteriormente por Ferraz al Supremo.
