Servinabar, la compañía relacionada con el exnúmero dos del PSOE Santos Cerdán, contaba a finales de 2023 con reservas que superaban el millón de euros, destinadas a ser distribuidas entre sus socios. Esta suma es parte de los 8,9 millones de euros que, según la investigación realizada por la Unidad Central Operativa (UCO), habrían circulado a través de la empresa desde 2015, mayormente procedentes de contratos con Acciona.
Los investigadores sostienen que Servinabar no desarrollaba una actividad económica real, sino que servía como instrumento para canalizar y gastar supuestas comisiones ilícitas, cubriendo gastos personales tanto de Cerdán y su familia como de otros socios. Entre estos gastos se incluyen pagos de vehículos, alquileres, servicios de consultoría, vacaciones y compras familiares, además de transferencias a cooperativas vinculadas a los implicados.
El millón de euros reservado estaba previsto repartirse del siguiente modo: el 45 % para Cerdán, el 51 % para el empresario Antxon Alonso y el 4 % restante para un tercero relacionado con un periodista navarro, conforme a los contratos privados encontrados por la UCO.
La investigación también señala que Servinabar logró contratos públicos importantes en Navarra desde 2015 aunque contaba con un equipo reducido y sin experiencia previa, lo que generó sospechas entre los técnicos del Gobierno regional. Las irregularidades se acentuaron en 2024, cuando se denunciaron adjudicaciones cuestionables, como las obras del túnel de Belate y contratos relacionados con mascarillas, vinculando a varios políticos del PSOE con la empresa.
Cerdán afirmó ante el juez que nunca formalizó la compra del 45 % de Servinabar, no obstante, la UCO documentó que la empresa asumió durante años gastos personales suyos, lo que refuerza las sospechas en torno al funcionamiento de la sociedad.
