La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha iniciado una investigación sobre el bar La Bola, situado en la isla de la Cartuja de Sevilla, debido a sospechas de que su propietario, Vicente Cecilio Fernández Guerrero, quien fue presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), podría estar involucrado en lavado de dinero derivado de contratos públicos fraudulentos mediante este negocio.
Este pequeño establecimiento, reconocido por sus desayunos y menús económicos destinados a los empleados del parque tecnológico de la Cartuja, ha mostrado un incremento significativo en sus ingresos desde que Fernández asumió como administrador único de La Bola Innovación SL, la sociedad propietaria, durante 2023. Según los datos más recientes registrados en el Registro Mercantil, el bar generó una facturación de 386.996,68 euros, lo que implica un aumento del 29,2 % en comparación con el año previo, mientras que su rentabilidad operativa creció un 58,08 %.
Los trabajadores del establecimiento mencionan que no tienen contacto directo con Fernández y se limitan a sus funciones laborales: “Llevo aquí dos semanas, no conozco al dueño ni tengo información, solo desempeño mi trabajo”, señala un camarero. Por su parte, los clientes habituales resaltan que el local se comporta como un bar común, sin indicios evidentes de irregularidades.
Las pesquisas de la UCO forman parte de la fase final de una operación que investiga una supuesta red de corrupción encabezada por ex altos cargos del PSOE, entre ellos Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García. Fernández fue arrestado junto con Leire Díez, conocida como ‘fontanera’ del PSOE, y el empresario navarro Antxon Alonso, vinculado a Servinabar, empresa presuntamente involucrada en el manejo de sobornos y contratos amañados.
Fernández, quien fue absuelto recientemente en un juicio relacionado con la mina de Aznalcóllar, trabajó en Servinabar entre 2021 y 2023 antes de asumir la administración de La Bola. A pesar de la discreción del bar y la apariencia de normalidad en su operativa, las autoridades examinan si los ingresos reportados corresponden exclusivamente a la actividad comercial o si incluyen fondos procedentes de las supuestas comisiones ilegales.
El bar La Bola, abierto desde 2015, se ha convertido en un punto de interés para los medios mientras la UCO continúa su investigación sobre posibles irregularidades financieras relacionadas con contratos públicos.