La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha intensificado su labor investigadora sobre la denominada «trama del fuel», revisando documentación en Correos, Hacienda y el Ministerio para la Transición Ecológica. El informe policial señala que la red criminal, formada por empresarios vinculados a Villafuel, habría destinado aproximadamente un millón de euros para asegurar la concesión de la licencia como operador mayorista de hidrocarburos.
De esa cantidad, 585.000 euros se habrían empleado en el chalet de La Alcaidesa (Cádiz) utilizado por el exministro José Luis Ábalos, quien se encuentra en prisión provisional en relación con este caso. Además, 292.416 euros fueron entregados a Víctor de Aldama por su papel como intermediario, mientras que Koldo García, asistente cercano a Ábalos, recibió pagos mediante un contrato laboral con una empresa vinculada a uno de los empresarios implicados, sin que consten servicios efectivamente prestados.
La pesquisa indica que la red habría mantenido encuentros con funcionarios de los ministerios dirigidos entonces por Reyes Maroto y Teresa Ribera, con el fin de facilitar la aprobación de la licencia, pese a que Villafuel no contaba con la solvencia económica demostrada. Destacan las reuniones celebradas en diciembre de 2020 y enero de 2021 con Juan Ignacio Díaz Bidart, director de gabinete de Maroto, así como otros encuentros en abril y julio de 2021 con Marc Pons, director de gabinete de Ribera.
Los agentes subrayan que, a pesar de que algunos ministerios involucrados no tenían competencias directas para autorizar a operadores mayoristas, la organización habría ejercido presión para acelerar los procedimientos a través de intermediarios y pagos irregulares.
Por su parte, la UCO continúa reuniendo pruebas para esclarecer la magnitud de la red y la posible implicación de altos cargos en el proceso de concesión de estas licencias.