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miércoles, noviembre 19, 2025
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La UCO señala a los hermanos del presidente de la Diputación de Almería por presuntas irregularidades en contratos durante la pandemia

La investigación, vinculada al ‘caso mascarillas’, apunta directamente a los parientes de Javier Aureliano García por su posible implicación en la adjudicación irregular de contratos y supuestas comisiones ilícitas.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil centra su atención en los hermanos del presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, al sospechar que habrían intervenido en una red destinada a manipular contratos de suministros sanitarios en los momentos más complejos de la crisis sanitaria. Aunque la pesquisa también involucra al propio presidente y otros funcionarios de la Diputación, las diligencias destacan el rol crucial que habrían tenido sus familiares en el supuesto entramado.

Los investigadores analizan si los hermanos actuaron como intermediarios entre las empresas proveedoras y la administración provincial, facilitando adjudicaciones rápidas bajo criterios de emergencia. Los indicios iniciales sugieren que habrían influido en la adquisición de material sanitario, favoreciendo a ciertas compañías y obteniendo beneficios económicos o comisiones a cambio.

El operativo incluyó registros en oficinas oficiales, residencias particulares y sedes empresariales relacionadas con la familia García, donde se ha incautado documentación que podría evidenciar favores administrativos y contratos concedidos sin cumplir los controles requeridos.

Asimismo, la UCO examina si esta red aprovechó el contexto excepcional de la pandemia para aumentar precios, acelerar procesos de adjudicación o eludir procedimientos legales, prácticas que han sido detectadas en otras investigaciones sobre compras de mascarillas en diversas administraciones del país.

Este caso ha provocado un impacto político relevante en la provincia al situar a la familia del principal responsable institucional en el centro de una investigación que incluye posibles delitos de cohecho, malversación y blanqueo de capitales. A medida que avanza la indagación, crece la presión sobre la Diputación y su presidente, dada la gravedad de las evidencias y la importancia pública de los involucrados.

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