Después de una investigación interna que recopiló diversas denuncias, la Universitat de Barcelona (UB) ha decidido elevar a la Fiscalía las acusaciones contra Ramón Flecha y algunos miembros del grupo CREA por supuestas conductas de acoso sexual, violencia psicológica y explotación laboral. El grupo ha anunciado su disolución y la universidad ha suspendido a varios involucrados.
El caso se hizo público en julio de 2025, cuando catorce mujeres —estudiantes, becarias o investigadoras vinculadas al grupo CREA— denunciaron ante la UB abusos de poder, coerción sexual y desigualdad jerárquica atribuibles al catedrático emérito Ramón Flecha. Relataron que sus oportunidades académicas dependían de favores sexuales, describiendo un patrón de presión, intimidación y explotación que se prolongó durante décadas.
Tras estas denuncias, la universidad constituyó una comisión investigadora formada por expertos en violencia de género y acoso institucional. Recientemente, este comité presentó un informe preliminar en el que se señala que las conductas denunciadas podrían ajustarse a la definición de un “grupo coercitivo de alto control”.
Dada la gravedad de las acusaciones y la coherencia en los testimonios de las víctimas —que ya suman dieciséis con la última incorporación—, la universidad ha decidido remitir el caso al Ministerio Fiscal y suspender provisionalmente a los implicados: el propio Flecha y al menos tres miembros más del grupo.
En respuesta, el grupo CREA ha anunciado su disolución “con efectos inmediatos”, justificando esta decisión para evitar daños profesionales a sus integrantes, aunque mantienen que las denuncias forman parte de una campaña de difamación.
Qué revela la investigación y su relevancia
Las denuncias abarcan un largo periodo y señalan abusos sexuales, acoso laboral, presión psicológica, intimidación, explotación de subordinadas y un ambiente de sumisión donde se entremezclaban las relaciones de poder con la promesa de desarrollo académico.
El informe preliminar describe al grupo como un “grupo coercitivo de alto control”, lo que indica que no se trataría de eventos aislados sino de un sistema estructurado de abuso.
Además, la UB ha informado que actuará como acusación particular si la Fiscalía determina que hay indicios de delito; al mismo tiempo, ha tomado medidas cautelares y proporciona apoyo psicológico a las denunciantes.
El “caso Flecha” supone un punto de inflexión para la comunidad académica española. La decisión de la UB de llevar las acusaciones a la justicia y la disolución del grupo CREA reflejan la necesidad de que las instituciones respondan con firmeza ante denuncias de abuso de poder. Para muchas víctimas, este paso es una oportunidad para alcanzar justicia y reparación, al tiempo que pone de manifiesto la urgencia de revisar las estructuras jerárquicas y mecanismos de control en la universidad.
