Alberto González Amador, empresario y pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, relató ante el Tribunal Supremo cómo una filtración relacionada con la Fiscalía General afectó profundamente su vida personal y profesional. En una declaración que duró cerca de dos horas, González Amador aseguró que esta filtración, que lo presentó como un “delincuente confeso”, le dejó sin herramientas para defenderse, dañando gravemente su reputación y su vida.
La filtración: un daño irreversible
González Amador, procesado por fraude fiscal, señaló que no tuvo participación en los correos que su abogado envió a la Fiscalía para proponer un acuerdo. Este hecho le tomó completamente por sorpresa. Declaró ante el tribunal que no tenía conocimiento de esos mensajes y que su representante legal actuó sin su autorización, lo que provocó una filtración pública que lo mostró como un “delincuente confeso”. La exposición mediática fue especialmente dura para él: “El fiscal general me dejó destruido públicamente. Nadie mide el daño que esto me causó”.
La filtración no solo afectó su imagen, sino que también tuvo consecuencias irreparables en su entorno personal. Tras el escándalo, fue juzgado en la opinión pública sin oportunidad de defensa. «Entre el comunicado de la Fiscalía y la difusión del correo, pasé a ser el delincuente confeso en España. Me sentí acabado», afirmó visiblemente conmovido. Esta revelación prematura fue mucho más que un golpe mediático: “Arruinaron mi vida”.
El impacto en su vida personal
El empresario explicó cómo la filtración afectó a sus clientes, su entorno cercano y su empresa. Comentó que sentía que todo el equipo fiscal estaba en su contra, y que sufrió no solo pérdidas económicas sino también un importante daño social. Fue involucrado en un proceso de conformidad impulsado por su abogado sin que él estuviera informado, lo que lo sumergió en una serie de acusaciones y un juicio mediático fuera de control.
González Amador narró la angustia profunda que vivió después de ser expuesto públicamente. “O abandonaba España o consideraba suicidarme”, reveló, lo que llevó al presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta, a intervenir para aconsejarle que no tomara decisiones drásticas.
Además, indicó que en sus primeros esfuerzos por resolver la situación solicitó a sus abogados una solución rápida y discreta para minimizar el daño, especialmente para no perjudicar a su pareja, Isabel Díaz Ayuso. Sin embargo, no esperaba que el caso adquiriera una dimensión tan perjudicial.
Postura del fiscal y detalles del proceso
El fiscal Diego Lucas, responsable de la acusación contra González Amador, defendió su actuación en el juicio, asegurando que sus negociaciones con los abogados de Amador fueron en todo momento legales y sin mala intención. Lucas negó haber recibido instrucciones para retrasar el proceso y explicó que buscaba alcanzar un acuerdo de conformidad. No obstante, las afirmaciones de González Amador sobre la supuesta interferencia del fiscal, acusándole de “entorpecer el proceso”, evidencian la tensión existente en el asunto.
Asimismo, González Amador mencionó su relación con el PSOE, denunciando que sus abogados sugirieron que él tenía alguna influencia dentro del partido. Este episodio es parte del entramado de acusaciones y especulaciones que rodean el caso, que ha adquirido un carácter tanto político como mediático que parece eclipsar los aspectos jurídicos que corresponden resolverse en el tribunal.
Reflexiones sobre un caso con repercusión pública
El caso de Alberto González Amador pone de manifiesto las presiones políticas y mediáticas que pueden influir en un proceso judicial. También resalta la vulnerabilidad de la presunción de inocencia en un contexto donde las filtraciones y los juicios públicos son cada vez más comunes. En un entorno informativo acelerado, la diferencia entre la verdad judicial y la percepción social se vuelve confusa, comprometiendo la integridad de los procesos legales.
Su testimonio advierte sobre cómo filtraciones pueden destruir vidas y trayectorias profesionales, especialmente cuando afectan a personas en el foco público. Sin la adecuada protección y respeto a la presunción de inocencia, episodios similares podrían repetirse, afectando a más individuos en circunstancias parecidas.
El proceso continúa en el Tribunal Supremo, aunque el impacto ya es evidente.
