La asociación Dignidad y Justicia solicita al Partido Popular que presente una Proposición de Ley destinada a igualar la protección a las víctimas, sancionar el elogio a ETA y declarar imprescriptibles los delitos terroristas.
Presidida por Daniel Portero, Dignidad y Justicia critica que el Gobierno de Pedro Sánchez establece un trato desigual entre las víctimas del terrorismo y las incluidas en la Ley de Memoria Democrática. La entidad demanda una completa equiparación legal para que quienes sufrieron ataques de ETA no sean relegados a una categoría inferior.
Ante la falta de avances con el PSOE y sus aliados, esta organización ha entregado al Partido Popular un borrador de iniciativa que incluye medidas para corregir lo que consideran una injusticia que denigra a estas víctimas.
Principales demandas para lograr la equiparación
El proyecto de Dignidad y Justicia propone modificar la Ley 29/2011, que reconoce y protege de forma integral a las víctimas del terrorismo, para incorporar herramientas similares a las de la Ley de Memoria Democrática, entre ellas:
- Imprescriptibilidad de los delitos: Considerar los crímenes terroristas como delitos de lesa humanidad, y por consiguiente, imprescriptibles, tal como ha establecido la Audiencia Nacional.
- Marco sancionador: Aplicar multas de hasta 150.000 euros a quienes enaltezcan el terrorismo o menosprecien a las víctimas de ETA, equiparando estas conductas con el enaltecimiento del franquismo.
- Órganos judiciales específicos: Crear una Fiscalía especializada (Fiscal de Sala de Derechos Humanos y Víctimas del Terrorismo) para investigar violaciones al Derecho internacional y fomentar la localización de víctimas.
- Retroactividad y no amnistía: Permitir la aplicación retroactiva de la normativa y asegurar que los delitos no sean susceptibles de amnistía, características presentes en la Ley de Memoria Democrática. Se recuerda que aún permanecen sin resolver 376 asesinatos cometidos por ETA.
- Capacidad de ejecución: Modificar el artículo 61 de la Ley de Víctimas para otorgar a los delegados del Gobierno facultades efectivas para actuar administrativamente contra el enaltecimiento del terrorismo.
Acusan de sectarismo y escasa voluntad política
Daniel Portero señala que que el Ejecutivo, al elaborar una ley de memoria que reconoce a ciertos colectivos y deja a otros en un plano secundario, demuestra un claro sectarismo.
La propuesta destaca la responsabilidad ética y moral de la sociedad para ofrecer una protección integral a las víctimas, implementando medidas que eliminen cualquier manifestación de apoyo al terrorismo y contribuyan a desacreditar por completo su narrativa.
El objetivo es que predomine el relato de las víctimas frente al legado violento de ETA, cuyos miembros cometieron 858 asesinatos, por quienes la sociedad española mantiene una deuda permanente.
