La defensa de Leire Díez, exmilitante socialista, ha solicitado al Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid la exclusión de varias grabaciones fundamentales en la causa, entre ellas un audio en el que Díez se describe como “mano derecha” de Santos Cerdán, argumentando que se vulneran sus derechos básicos.
Investigada por presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias, Leire Díez ha pedido que se anulen y eliminen del proceso las grabaciones que se han vuelto elementos clave del caso. Destaca el audio obtenido por el fiscal Ignacio Stampa durante una reunión donde Díez se presenta como persona de confianza del entonces secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.
Según la defensa, estas grabaciones fueron realizadas sin autorización judicial ni en el marco de un procedimiento formal, lo que supondría una infracción del derecho al secreto de las comunicaciones y a un procedimiento con garantías. Por ello, solicitan que no se utilicen como pruebas contra Díez ni contra otros investigados.
El escrito presentado ante el Juzgado sostiene que las conversaciones corresponden a una especie de “investigación paralela” fuera de los cauces legales establecidos. Los abogados advierten que admitir pruebas obtenidas sin control judicial previo podría abrir la puerta a prácticas irregulares incompatibles con un Estado de Derecho.
Entre los audios en cuestión está una reunión en la que Díez se entrevista con el fiscal Ignacio Stampa y el empresario Javier Pérez Dolset. En esta, la exmilitante socialista manifiesta cercanía con la cúpula del PSOE y se muestra como colaboradora de confianza de Santos Cerdán. Este audio, que ha sido difundido por varios medios, es uno de los que la defensa solicita eliminar porque consideran que su captura y uso en el proceso carecen del respaldo judicial adecuado.
También se pide la nulidad de otras grabaciones en las que se mencionan supuestas maniobras para obtener información delicada sobre mandos de la Unidad Central Operativa (UCO) y de la Fiscalía, con la intención de desprestigiar investigaciones sobre corrupción relacionadas con el entorno gubernamental. Los abogados argumentan que, además de ser controvertidas desde el punto de vista legal, dichas grabaciones habrían sido editadas y fragmentadas antes de filtrarse a la prensa, generando un “juicio paralelo” que afecta la presunción de inocencia de Díez.
Paralelamente, la defensa resalta que el caso se ha basado en gran medida en recortes periodísticos y filtraciones más que en diligencias investigativas rigurosas controladas por el juez. Por este motivo, reclaman que se investigue el origen y manejo de los audios y que el procedimiento se limite a pruebas obtenidas respetando plenamente los derechos fundamentales.
La resolución queda en manos del juez instructor, quien deberá decidir si estas grabaciones cumplen con los requisitos legales para mantenerse en el sumario o deberían ser descartadas, lo que podría significar un cambio relevante en la investigación que involucra a Leire Díez y su presunto rol en las maniobras contra la UCO y la Fiscalía Anticorrupción.
