Ayuso recurrirá judicialmente el acuerdo entre el Gobierno y la Generalitat por afectar la autonomía fiscal madrileña
La Comunidad de Madrid intensifica su postura frente al Ejecutivo central ante lo que considera un trato fiscal preferente a Cataluña, perjudicando directamente a los ciudadanos madrileños. De acuerdo con las estimaciones del gobierno regional, las concesiones del presidente Pedro Sánchez al independentismo implican un costo superior a 2.000 euros por habitante en Madrid.
Isabel Díaz Ayuso, presidenta regional y junto a la consejera de Economía Rocío Albert, reprochó al Gobierno de Sánchez que España se dirija hacia “una economía intervenida”. Además, indicó que llevará a los tribunales el reciente pacto bilateral con la Generalitat, que prevé la creación de una Hacienda propia catalana. Para Ayuso, este acuerdo establece no solo un trato diferencial, sino que incorpora cláusulas que afectan negativamente a las comunidades que han aplicado políticas fiscales con impuestos bajos, como es el caso de Madrid.
Una de estas cláusulas, considerada por el equipo de Ayuso como una “injerencia sin precedentes”, restringe que otras regiones puedan reducir impuestos si Cataluña consigue ese sistema particular. La Comunidad calcula que el denominado “cupo separatista”, junto con la condonación de deuda y otros mecanismos como el fondo de competitividad, representa una carga superior a 2.000 euros por cada madrileño.
Desde la Puerta del Sol señalan que este hecho no sorprende, ya que llevan años alertando sobre las concesiones al independentismo. La estrategia judicial se basará en el principio de autonomía fiscal que reconoce el estatuto madrileño, emulando la táctica utilizada contra el impuesto a las grandes fortunas, el cual aunque fue respaldado por los tribunales, fue finalmente dirigido hacia las arcas autonómicas mediante una decisión legislativa madrileña.
Ayuso ha señalado estas decisiones como parte de una estrategia política de Sánchez para “mantener su presidencia” a expensas de la “igualdad entre los españoles”. En este sentido, recordó que Madrid ya desde 2021 ha denunciado el funcionamiento del fondo de competitividad, que considera un instrumento que penaliza su modelo fiscal.
Otro foco de conflicto es la reciente condonación de deuda a Cataluña, estimada en aproximadamente 500 euros por habitante madrileño, así como la distribución desigual de los fondos europeos y las inversiones territoriales. Según los datos de la Comunidad de Madrid, cada ciudadano catalán recibió 673 euros de fondos europeos frente a 584 euros por habitante madrileño, y las inversiones estatales por persona en los últimos años muestran un desfase de 100 euros a favor de Cataluña.
Desde la administración madrileña sostienen que no se trata de situaciones puntuales, sino de una “deslealtad institucional sistemática” que se agrava con cada acuerdo especial y que pone en riesgo la cohesión territorial y la equidad fiscal en España.

14 JULIO 2025
Carlos Luján / Europa Press
14/07/2025