Marc, un okupa de Sant Boi de Llobregat, representa un caso extremo que evidencia la falta de sanciones efectivas y el aprovechamiento económico generado por la ocupación ilegal en España. Con un registro de 225 denuncias y una riqueza calculada en más de un millón de euros, utiliza el chantaje como método para obtener beneficios de los propietarios de las viviendas, apoyándose en vacíos legales que evitan su ingreso en prisión.
Esta práctica ilegal ha dejado de ser solo una cuestión social para convertirse en un negocio. El programa Espejo Público expuso cómo la reincidencia reiterada en estas conductas no recibe castigos severos.
Una larga trayectoria sin prisión
Marc ha sido denunciado 225 veces por ocupación, pero nunca ha cumplido pena de cárcel. Esto se debe a que sus actos se califican como delitos leves de usurpación, para los cuales la reincidencia múltiple no implica penas más estrictas. En cada proceso, la sanción se limita a una multa.
Las estimaciones del programa sitúan su patrimonio en alrededor de 1.125.000 euros, percibiendo aproximadamente 5.000 euros por cada ocupación, sin que se conozca que tenga una ocupación formal. Además, ha sido arrestado en 31 ocasiones.
El método basado en el chantaje
El modus operandi habitual de Marc consiste en atacar principalmente:
- Fondos de inversión.
- Entidades bancarias.
- Agencias inmobiliarias.
Su estrategia para conseguir beneficios económicos se desarrolla de la siguiente manera:
- Pago al propietario: Exige un «rescate» o rescisión de contrato que puede alcanzar los 17.000 euros para desalojar la propiedad.
- Venta ilegal de llaves: En caso de negativa del propietario, vende las llaves a familias en situación vulnerable por importes de hasta 3.000 euros.
Aunque su procedencia es Sant Boi de Llobregat, existe una orden de alejamiento que le prohíbe volver a esta localidad catalana.
La polémica sobre la vulnerabilidad y la legislación
Este caso pone de manifiesto el debate en torno a la protección legal de okupas en situaciones de vulnerabilidad. Kathy, presidenta de Aprovij, indicó que el próximo 31 de diciembre finaliza la prórroga del Real Decreto 11/2020, que impide el desalojo de okupas sin una alternativa habitacional.
Kathy manifestó con firmeza que es necesario poner fin a esta situación: «No se puede seguir mirando hacia otro lado. No se debe premiar a quienes causan daños y castigar a quienes trabajan». Además, advirtió que una nueva prórroga implicaría que las autoridades se convertirían en «responsables de cada vivienda dañada, cada propiedad afectada y cada propietario desamparado».
