Marco Rubio, actual Secretario de Estado de Estados Unidos, ha emergido como una figura relevante en la planificación y ejecución de la operación militar denominada ‘Resolución Absoluta’. Esta acción concluyó el 3 de enero con la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, quienes fueron trasladados a una prisión en territorio estadounidense.
La Casa Blanca fundamentó esta acción en los múltiples cargos penales que enfrentan ambos, entre ellos narcoterrorismo y corrupción. Rubio afirmó que Maduro fue acusado en Estados Unidos en 2020 y que no es el presidente legítimo de Venezuela, sino un fugitivo de la justicia estadounidense. Este discurso se inscribe dentro de una estrategia más amplia para intervenir en la soberanía venezolana.
En declaraciones recientes, Rubio ha matizado su postura, señalando que no se prevén nuevas intervenciones militares y que Maduro será juzgado en Venezuela. Este cambio forma parte de una estrategia que se ha desarrollado durante más de 15 años, posicionando a Rubio como un actor central en la política exterior estadounidense desde el inicio de la segunda administración de Donald Trump.
Desde su cargo, Rubio ha calificado la situación en Venezuela como «intolerable» y ha señalado que el régimen de Maduro constituye una amenaza inmediata para la seguridad hemisférica. En este contexto, Caracas ha sido presentada como una fuente de inestabilidad, colaborando con redes criminales y grupos como Hezbolá, lo cual se ha usado para justificar la intervención militar estadounidense, a pesar del derecho internacional.
La persistente presión ejercida por Rubio ha derivado en sanciones severas contra Venezuela desde 2010, así como bloqueos financieros orientados a aislar al chavismo. Esta postura se reforzó en 2025 al aumentar la recompensa ofrecida por información que condujera a la captura de Maduro, convirtiendo la retórica en medidas concretas de presión.
Además, Rubio ha vinculado de forma constante a Venezuela con Cuba y Nicaragua, formando un bloque considerado por Estados Unidos como ‘insostenible’. Por ello, la operación militar dejó de ser una acción aislada de Donald Trump para integrarse en la política de ‘seguridad nacional’ estadounidense, reflejando un cambio en la estrategia militar hacia América Latina.
El paso de las palabras a la acción fue progresivo; en marzo de 2025, Rubio anunció que Venezuela afrontaría «sanciones severas» si no colaboraba en la repatriación de ciudadanos estadounidenses. Esto culminó con la captura de Maduro, lo que permitió a Rubio presentar la acción como un mandato judicial y no como un conflicto bélico.
El origen personal de Rubio, hijo de inmigrantes cubanos, influye en su perspectiva sobre América Latina. Considera que la caída de Maduro afectaría considerablemente a Cuba, país que históricamente ha dependido de los recursos venezolanos.
La relación de Rubio con la líder opositora venezolana María Corina Machado ha sido fundamental en este escenario. Su respaldo ha otorgado legitimidad internacional a la oposición, aunque comentarios recientes de Donald Trump pusieron en duda la capacidad de Machado para liderar la transición. A pesar de ello, la colaboración entre ambos continúa, evidenciando una estrategia coordinada para derrocar al régimen de Maduro.
