Al inicio de esta semana, dos asuntos han acaparado la atención en los medios. Por un lado, la renuncia de Mazón, presidente de la Comunidad Valenciana, tras una gestión cuestionada a raíz de la grave dana que impactó a la región. Por otro, el juicio al fiscal general del Estado acusado de filtrar un correo relacionado con un caso de fraude fiscal que involucra a González Amador, pareja de Ayuso.
La dimisión de Mazón supuso un momento significativo en la política valenciana, producto de la presión ejercida por las víctimas de la dana. Estas lamentaron la pérdida de 229 vidas y demandaron responsabilidades, lo que derivó en la salida del expresidente. Durante su intervención en el Congreso, manifestaron satisfacción por alcanzar su primer objetivo, aunque señalaron que su lucha continúa, pues buscan que Mazón enfrente la justicia y sea sancionado penalmente.
Las emociones estuvieron a flor de piel cuando las víctimas relataron sus experiencias. Sin embargo, el PP y Vox no mostraron apoyo mediante aplausos, lo que generó disconformidad. Las víctimas acusaron a las autoridades de «mentir y ocultar pruebas», evidenciando la falta de sensibilidad de algunos políticos frente a esta tragedia.
En este contexto, Feijóo intenta cubrir el vacío de poder dejado por Mazón con una estrategia que implica una alianza con Vox. Esta decisión genera inquietud sobre la dirección que tomará el PP en la Comunidad Valenciana, ya que apostar por un pacto con la extrema derecha podría perjudicar su posición de cara a las próximas elecciones. Se duda si este enfoque favorecerá al partido o impulsará un retroceso político.
A medida que se desarrolla esta situación, fuentes del PSOE señalan que Feijóo ha promovido la idea de que «el miedo viene», en referencia a la posibilidad de que el PP gobierne apoyado por Vox. Esta percepción podría movilizar al electorado de izquierdas y fortalecer su respaldo ante el temor a un gobierno conservador.
En el ámbito judicial, la jueza de Cartagena ha avanzado en la instrucción sobre Mazón, quien aún goza de aforamiento por su condición de diputado autonómico. La jueza ha comenzado a citar a personas cercanas al exmandatario para aclarar los hechos ocurridos durante la crisis de la dana, que causó numerosas muertes y pérdidas materiales en la región.
Paralelamente, el proceso judicial del fiscal general, García Ortiz, se complica, pudiendo enfrentar una carga de prueba invertida, en la que él tendría que demostrar su inocencia ante las acusaciones de filtraciones a la prensa. Esta situación, junto con el escándalo que envuelve a su pareja, González Amador, procesado por fraude fiscal, agrava el panorama para el PP.
En el plano político nacional, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reafirmado su intención de cumplir la legislatura y afrontar los retos que plantea Junts. A pesar de las tensiones dentro de su coalición, Sánchez mantiene su compromiso de seguir gobernando mientras el PSOE honre sus acuerdos. La situación política sigue siendo incierta, con los partidos atentos a la evolución de los acontecimientos.
