María y Fran viven en un piso en el sur de Madrid, en un edificio construido en 1992 con una calificación energética F. Recientemente, la inspección les ha indicado que deben reparar la fachada, lo que María ve como una oportunidad para mejorar la eficiencia energética del edificio.
La pareja tiene dos opciones: una reforma básica de 266.000 euros o una mejora integral con Sistemas de Aislamiento Térmico por el Exterior (SATE) que costaría más de un millón de euros. La diferencia de costo es significativa, pero la mejora en eficiencia podría reducir el consumo de energía a largo plazo.
«Vamos a votar por la obra de mejora de eficiencia energética porque si a la larga nos ayuda a que la casa mantenga mejor el calor en invierno y el frío en verano, no tendré que poner tanto la calefacción o el aire acondicionado», argumenta María.
Mientras esperan la decisión de la junta de vecinos, María y Fran ya han tomado medidas en su hogar, como instalar ventanas de rotura de puente térmico, lo que ha mejorado el aislamiento.
Por otro lado, Ana y su pareja enfrentan desafíos similares en un edificio aún más antiguo, construido en 1967. Con varias reformas en curso, el costo de mejorar la eficiencia energética es prohibitivo para ellos.
El problema de la ineficiencia energética es común en España, donde muchos edificios antiguos no cumplen con los estándares modernos. Según datos del INE, la mitad de las viviendas fueron construidas antes de 1981 sin requisitos de eficiencia energética.
Las reformas necesarias para mejorar la eficiencia incluyen la instalación de aislamiento térmico, calderas eficientes y sistemas de ventilación. Sin embargo, estos proyectos requieren inversiones significativas que muchas comunidades no pueden asumir.
Además, la falta de ayudas adecuadas agrava la situación. El bono social térmico solo llega a una fracción de los hogares que lo necesitan, lo que subraya la necesidad de políticas más efectivas y accesibles.
En conclusión, mejorar la eficiencia energética de los edificios antiguos es crucial para reducir el consumo de energía y aliviar la carga económica de las familias. Aunque las reformas pueden ser costosas, los beneficios a largo plazo son significativos, tanto para el medio ambiente como para la economía doméstica.