La educación en Ceuta enfrenta una realidad innegable: los resultados del Informe PISA han colocado a esta ciudad, junto a Melilla, en los puestos más bajos del sistema educativo español durante años. No se trata de un problema temporal, sino de una situación estructural que requiere decisiones firmes, liderazgo comprometido y una gestión responsable.
No obstante, desde la Dirección Provincial de Educación no se proyecta ese panorama deseable. La gestión de Miguel Señor Alonso se ha convertido en un referente de cuestionamientos y de una situación compleja de justificar.
El incidente relacionado con su “cese y no cese” no solo evidenció una falta de claridad institucional, sino que mostró también la ausencia de una dirección definida en un área fundamental. Anunciar su destitución y posteriormente retractarse en pocas horas reduce la autoridad de la Administración y transmite un mensaje de improvisación, justamente cuando la educación en Ceuta necesita estabilidad y certezas.
Si ya este hecho tenía relevancia política, el proceso judicial que involucra al responsable actual es aún más grave. Miguel Señor Alonso enfrenta una querella por presunta prevaricación que continúa activa en el tribunal correspondiente. No se trata de especulaciones o controversias meramente políticas, sino de una causa legal vigente que pone en cuestión sus acciones en el ejercicio de sus responsabilidades.
Es fundamental respetar siempre la presunción de inocencia, pero también es indispensable considerar que la responsabilidad pública abarca aspectos éticos, institucionales y ejemplares. En este contexto, la situación resulta insostenible.
¿Es viable que Ceuta mantenga en la dirección de su educación a un directivo envuelto en constantes polémicas, con una gestión discutida y una querella judicial en curso? ¿Es ese el perfil que debería liderar una ciudad con indicadores educativos entre los más bajos de España?
Para muchos, la respuesta es clara.
Mientras persisten los conflictos, denuncias y situaciones que deterioran la imagen institucional, los verdaderos afectados siguen siendo los estudiantes. Una generación que ya tiene desventajas respecto al resto del país no puede continuar bajo una administración marcada por la controversia.
La permanencia de Miguel Señor Alonso no solo genera incertidumbre sino que empeora el problema fundamental: la pérdida de confianza en el sistema educativo. Sin esa confianza, ninguna reforma será viable.
Ceuta necesita un cambio profundo, no solo en las cifras sino en el liderazgo. Mantener circunstancias como esta únicamente contribuye a agravar una crisis que es demasiado seria para seguir sin atenderla.
