El Ejecutivo está camino de implementar la tercera prórroga consecutiva de unas cuentas públicas que provienen de la legislatura anterior, elaboradas por un Gobierno distinto y ratificadas por un Parlamento con mayoría diferente al actual.
El plazo marcado por la Constitución para que el Gobierno presente de manera oportuna el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2026 ha concluido sin que se haya realizado ningún avance, ni siquiera el envío al Congreso de los objetivos de estabilidad ni del techo de gasto. Esta falta impide cumplir el artículo 134 de la Constitución, que establece que las cuentas deben presentarse al menos tres meses antes del fin del ejercicio vigente.
Así, el próximo 1 de enero entrará en vigencia automáticamente la tercera prórroga de los Presupuestos de 2023, unas cuentas elaboradas por el Ejecutivo anterior y aprobadas por unas Cortes con mayorías diferentes a las actuales.
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, responsable directa de la elaboración presupuestaria, evitó ofrecer explicaciones este martes en el Senado, pese a la presión de la oposición. Tampoco reiteró la promesa que en su momento defendió el presidente Pedro Sánchez de presentar un proyecto presupuestario para 2026.
Desde Moncloa son conscientes de que no cuentan con una mayoría suficiente para aprobar las cuentas. Los antiguos socios de investidura —Podemos, Junts y ERC— han elevado sus condiciones para apoyar el proyecto, incluyendo demandas que van desde limitar el aumento del gasto en Defensa hasta modificaciones estructurales en la financiación de Cataluña, además de la ruptura de relaciones diplomáticas con Israel.
En este contexto, el Gobierno considera únicamente enviar el techo de gasto al Congreso, asumir que será rechazado y, a partir de ahí, elaborar un proyecto basado en las cuentas vigentes, con la opción de retirarlo antes de la votación para evitar una derrota parlamentaria.
De igual modo, en los grupos parlamentarios se da por hecho que Sánchez buscará evitar un fracaso que podría desembocar en elecciones anticipadas, intentando que la responsabilidad recaiga en aquellas formaciones que rechacen la propuesta.