Un correo electrónico fechado en 2015 revela que el entonces ministro de Hacienda recibió de manera extraoficial un documento de la Fiscalía referido a la caja B del Partido Popular. El redactor de ese informe es actualmente el fiscal que limita la investigación contra Montoro.
Un correo interno del Ministerio de Hacienda, fechado en marzo de 2015, evidencia que Cristóbal Montoro, en aquel momento titular de Hacienda, tuvo acceso anticipado y por vías informales a un informe de la Fiscalía Anticorrupción sobre la presunta financiación irregular del Partido Popular. Este informe llegó a su despacho antes incluso de presentarse ante el juez Pablo Ruz o las partes implicadas en el proceso.
El mensaje fue enviado por Felipe Martínez Rico, jefe de gabinete de Montoro, al correo del ministro en Hacienda. En él se detalla que el fiscal Antonio Romeral había remitido un informe sin firmar que había llegado por dos canales distintos y que serviría para preparar la contestación del ministerio ante el juzgado.
“Por ahora no tenemos constancia de ningún escrito del juez Ruz dirigido a la AEAT, pero ya hay suficientes argumentos para mantener su planteamiento”, escribía Martínez Rico, indicando que Hacienda se anticipaba a posibles actuaciones judiciales aun no oficiales.
Este contexto se sitúa en una fase crucial de la investigación sobre la caja B del PP, cuando se discutía si el partido debía ser acusado de delito fiscal por la financiación opaca de las reformas en su sede nacional. Tanto Hacienda como la Fiscalía coincidieron en informes que defendían que las donaciones ilícitas no estaban sujetas a tributación, lo que finalmente eximió al PP de esta acusación.
El fiscal autor del informe ahora limita la pesquisa
El fiscal responsable del informe, Antonio Romeral, ocupa actualmente la segunda posición en la Fiscalía Anticorrupción. Además, supervisa y restringe las actuaciones de Carmen García Cerdá, la fiscal encargada de la causa contra Montoro.
García Cerdá ha mantenido diferencias con sus superiores al intentar ampliar la investigación, especialmente para aclarar el manejo interno de correos de Hacienda, como el revelado ahora por elDiario.es. En un documento enviado en mayo de 2023 a Alejandro Luzón, jefe de Anticorrupción, la fiscal argumentaba la importancia penal de ese correo y lo calificaba como posible delito de obstrucción a la justicia, debido a que contenía “actuaciones procesales declaradas secretas por la autoridad judicial”.
A pesar de ello, Luzón designó a Romeral como supervisor de García Cerdá, limitando su capacidad de actuación sin su aprobación. Romeral ha bloqueado la apertura de una nueva investigación sobre el uso interno y posiblemente interesado de información judicial y fiscal dentro del Ministerio de Hacienda.
Una fiscal en minoría frente a la dirección
La confrontación entre la fiscal a cargo y la cúpula de Anticorrupción culminó en una junta interna donde solo cuatro fiscales respaldaron su posición, mientras 18 apoyaron a Luzón. Según fuentes presentes en dicha reunión, Romeral se mostró especialmente crítico con la fiscal, pese a ser autor del informe filtrado que llegó a Montoro.
Los intercambios de correos demuestran además que Montoro supervisó toda la actividad de la Agencia Tributaria y la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) respecto al caso, aunque estos organismos actuaban como auxiliares del juez y no deberían haber reportado al Ministerio.
El contenido de estos correos, incautados durante la investigación, sugiere que el Ministerio de Hacienda pudo beneficiarse de información privilegiada para proteger al PP de una imputación por delito fiscal. La filtración de información judicial confidencial, el papel de los peritos de Hacienda y la negativa de Romeral a solicitar prisión para Luis Bárcenas son algunos de los episodios más controvertidos de esta investigación, que marcó un punto de inflexión en la historia judicial del partido.
Aunque la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo confirmaron la exención fiscal del PP, finalmente el partido fue condenado como responsable civil subsidiario por los delitos que cometió su ex tesorero Luis Bárcenas.
