El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, protagoniza hoy la firma de un acuerdo fruto de un extenso proceso de negociación con los sindicatos más representativos, orientado a optimizar el empleo público y garantizar servicios de calidad. Este pacto, que incluye la incorporación de la tan esperada carrera profesional, beneficiará a aproximadamente 80.000 trabajadores del sector público autonómico y tendrá efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2025.
El Palacio de San Telmo de Sevilla, lugar que alberga la Presidencia de la Junta, es el escenario este martes 9 de diciembre para la formalización de este acuerdo relevante para la Función Pública de Andalucía. Juanma Moreno preside la firma del pacto con las organizaciones sindicales CSIF, UGT y CCOO, con el objetivo de lograr una mejora sustancial en los servicios ofrecidos a la ciudadanía.
Considerado un paso fundamental por el consejero de Justicia, Función Local y Administración Local, José Antonio Nieto, este acuerdo materializa la Ley de Función Pública de Andalucía y impacta directamente en las condiciones laborales y salariales de alrededor de 80.000 empleados públicos andaluces, incluyendo funcionarios, personal laboral, trabajadores del sector público instrumental y cerca de 10.000 funcionarios de Justicia, aunque pertenezcan a un cuerpo estatal.
Duración y respaldo financiero
El texto del acuerdo fue publicado el 2 de diciembre en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) y tendrá efecto retroactivo a partir del 1 de enero de 2025, extendiéndose hasta el 31 de diciembre de 2030. Para respaldar estas mejoras, se asignarán 250 millones de euros en total, distribuidos en 50 millones anuales.
Aspectos destacados: carrera profesional y remuneración
Este acuerdo introduce la creación de la carrera profesional, una demanda largamente planteada por los empleados públicos autonómicos. Inspirado en el modelo aplicado en el ámbito sanitario, este sistema reconocerá el mérito, dedicación y excelencia del personal. Su puesta en marcha será solicitada por los propios trabajadores y tendrá validez desde el 1 de enero de 2025.
Asimismo, el pacto contempla una modernización del sistema retributivo. Se prevé la sustitución progresiva del complemento específico vigente por un nuevo complemento de puesto, que se caracterizará por ser más transparente, uniforme y vinculado a criterios de responsabilidad, dedicación y dificultad técnica. El objetivo es eliminar desigualdades históricas y mejorar la coherencia interna del modelo salarial.
Estabilidad laboral, prevención y digitalización
El Ejecutivo andaluz tiene previsto finalizar la implantación del VII Convenio Colectivo para el personal laboral, que sustituye al vigente desde 2002, proporcionando así un marco regulatorio actualizado para este colectivo.
En términos de empleo, la propuesta se enmarca en una estrategia orientada a reducir la temporalidad estructural por debajo del 8%, mediante la planificación plurianual de ofertas públicas de empleo.
Por último, el acuerdo contempla la modernización en la gestión pública mediante:
- La reorganización de los recursos destinados a la prevención de riesgos y salud laboral.
- La creación de unidades administrativas compartidas para gestionar proyectos estratégicos.
Con esta hoja de ruta, la Junta de Andalucía aspira a situarse en un nivel avanzado de gestión pública, estableciendo estructuras flexibles y eficientes que fomenten la motivación y estabilidad del personal, al tiempo que mejoran la atención a la ciudadanía.
