El Ayuntamiento de Madrid ha tomado medidas drásticas contra la empresa propietaria del edificio ubicado en San Bernardo 41, en el barrio de Malasaña, al imponer una sanción ejemplar de 270.009 euros por ejercer la explotación de alojamientos turísticos sin autorización municipal
La empresa sancionada es San Bernardo 41 SA, administrada por Karim Bulaix, quien además es el actual presidente de la Cámara de Comercio de Ceuta. Las multas, emitidas por el área de Urbanismo, se deben a la operación ilegal de nueve pisos turísticos durante años, según consta en la documentación obtenida por este periódico.
La actividad ilegal salió a la luz después de que el periódico Somos Malasaña publicara la noticia el pasado 7 de enero. Dos días después, el 9 del mismo mes, la Policía Municipal comprobó in situ que se estaba llevando a cabo esta actividad ilegal, con una recepción que recordaba más a un hotel que a un portal de viviendas y cajetines en las puertas de las habitaciones.
El negocio operaba bajo el nombre de Arizónica Suites, ofreciendo 13 apartamentos a precios entre 147 y 190 euros por noche para disfrutar Madrid «desde el corazón de la ciudad». Además, nueve de los trece apartamentos estaban dados de alta en el Registro de Empresas Turísticas de la Comunidad de Madrid.
El Ayuntamiento de Madrid inició rápidamente el proceso sancionador y, dos días después de la inspección, el 11 de enero, envió la orden de cese de actividad al empresario ceutí. A finales de ese mismo mes, el negocio ya estaba cerrado, y en marzo llegó la resolución de las sanciones, calificadas como graves.
Aunque la multa impuesta por cada piso turístico ilegal es de 30.001 euros (la mínima posible dentro del arco sancionador que puede llegar a los 600.000 euros), el consistorio la aplicó en los nueve casos detectados, alcanzando así la cifra total de 270.009 euros. El empresario de Ceuta puede elegir pagar por adelantado, asumiendo la culpa, y obtener un descuento del 40% en la sanción.
La sanción llega en un momento en que el Ayuntamiento de Madrid tramita un plan especial para cambiar el uso del edificio y legalizar la actividad turística en todo el inmueble. El inicio de este expediente y su posterior publicación en los medios fue lo que motivó el descubrimiento de la actividad ilegal.
El concejal del PSOE, Antonio Giraldo, criticó la gestión municipal, lamentando que el Ayuntamiento actúe «a reacción de lo que sale en los medios». Por su parte, el responsable del área de Urbanismo, Borja Carabante, anunció el proceso sancionador como respuesta a las críticas.
