José María Ángel Batalla, comisionado del Gobierno para la Dana, enfrenta serias imputaciones por supuesta falsificación de su formación académica, mientras se acrecientan las incertidumbres respecto a la legalidad de su nombramiento con nivel de subsecretario.
El proceso que envuelve a José María Ángel Batalla, veterano líder del PSPV-PSOE y actual comisionado del Gobierno para la Dana, genera una fisura en el Ejecutivo de Pedro Sánchez. La Agencia Antifraude valenciana está investigando al alto funcionario por la presunta falsificación de sus títulos académicos, utilizada para obtener de manera irregular un puesto como funcionario en la Diputación de Valencia. De confirmarse los hechos, se cuestionaría la legitimidad de su cargo actual, que ostenta un rango equiparable al de subsecretario.
Esta controversia afecta no solo a Ángel Batalla, sino también al Gobierno central, que lo designó el 10 de diciembre mediante real decreto, a propuesta del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y con la aprobación del Consejo de Ministros. La legislación vigente establece que para este tipo de nombramientos es requisito fundamental ser funcionario de carrera perteneciente al subgrupo A1, condición que se logra solo si se posee un título universitario de Grado, según la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
Desde el Partido Popular, la portavoz en el Senado, Alicia García, ha solicitado su “cese inmediato” y ha advertido que todos los actos administrativos suscritos por José María Ángel desde su puesto podrían ser anulados si se corrobora que llegó al cargo mediante fraude.
La normativa que regula los altos cargos estipula que solo pueden ser nombradas personas cuya “honestidad, formación y experiencia” estén debidamente comprobadas. Asimismo, el propio alto cargo debe presentar una declaración responsable que garantice la veracidad de los datos presentados y que cuenta con la documentación que los respalda.
Ante la creciente presión, el Ministerio de Política Territorial ha requerido a Ángel Batalla que aporte toda la información necesaria para aclarar su situación. Sin embargo, desde el PSPV-PSOE mantienen su apoyo. Jordi Mayor, portavoz socialista, califica la situación como una “filtración con fines políticos” y asegura que el comisionado ofrecerá “explicaciones completas”.
Mayor destacó que Ángel Batalla fue “un alcalde destacado” durante su gestión en La Eliana (1997-2015) y valoró su trabajo en la gestión de emergencias en el gobierno autonómico de Ximo Puig. El partido se solidariza y reprocha que la investigación se basa en “una única versión”, sin la participación previa del implicado.
No obstante, el caso podría trascender al ámbito regional y afectar directamente al presidente del Gobierno, dado que las designaciones de altos cargos con rango de subsecretario requieren la autorización directa del jefe del Ejecutivo. La “excepcionalidad” del asunto y sus implicaciones legales abren un nuevo frente en Moncloa, que opta por la prudencia mientras espera la documentación que aporte el investigado.
