Mónica García, ministra de Sanidad, ha informado que el Ejecutivo está en la etapa final de redacción de la nueva Ley de Gestión Pública y de Integridad del Sistema Nacional de Salud. Esta iniciativa es clave para el Gobierno, ya que busca restringir la participación del sector privado en la administración de hospitales públicos.
La ministra anticipó que la ley se aprobará a comienzos de 2026 y tiene como objetivo proteger el sistema sanitario público de la influencia de fondos de inversión, garantizando el acceso universal a la atención sanitaria.
En una entrevista con El País, García indicó que la normativa reformará parcialmente la ley de 1997 que permitía diferentes modalidades de gestión en el sistema público, con el fin de limitar la colaboración entre entidades públicas y privadas.
La ministra señaló que el principal problema es que la colaboración público-privada ha evolucionado hacia una relación desequilibrada, por lo que esta ley establecerá criterios claros para preservar la integridad del sistema sanitario público.
Comentó que la legislación no eliminará la cooperación entre sectores público y privado, pero sí restringirá que ésta se realice con empresas con fines lucrativos, regulando estos acuerdos para evitar abusos y garantizar que la salud no se convierta en un negocio.
Además, García destacó que la nueva ley tiene un alcance más amplio y ofrece mayor protección contra procesos de privatización. Su propósito es frenar el lucro en el sistema sanitario, que debe priorizar el servicio a la población y no intereses económicos.
El reciente caso en el hospital público de Torrejón de Ardoz, administrado por la empresa privada Ribera Salud, ha evidenciado los problemas asociados a la gestión privada y ha acelerado la necesidad de esta legislación. Este incidente generó un debate sobre la eficacia de dicho modelo en el cuidado de los pacientes.
Estas propuestas surgen en un contexto donde la ciudadanía demanda un sistema sanitario público eficiente, transparente y responsable. Así, la iniciativa legislativa busca reafirmar el compromiso del Estado con la salud pública como un derecho fundamental.
