La Comisaría General de Información de la Policía Nacional ha comenzado una investigación sobre la divulgación en internet de información delicada, que incluye direcciones particulares, teléfonos y correos electrónicos de miembros del Ejecutivo, la Fiscalía y otros altos cargos.
Se ha detectado una reciente falla en la seguridad digital estatal que ha comprometido la privacidad de los altos niveles del Gobierno. Según ABC, la Comisaría General de Información (CGI) continúa con las pesquisas tras la publicación en un dominio en línea de datos personales del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, varios ministros y responsables de la Fiscalía General del Estado.
Información comprometida en la filtración
El responsable de esta brecha ha divulgado documentos que contienen datos sensibles. De acuerdo con lo informado por ABC, entre la información revelada se encuentran:
• Presidente del Gobierno: Se han hecho públicas las direcciones de dos propiedades registradas a su nombre, junto con sus cuentas personales de correo electrónico.
• Miembros del Ejecutivo: Números de teléfonos móviles de distintos ministros, incluyendo a Yolanda Díaz, María Jesús Montero y Félix Bolaños.
• Ministerio Público: Datos personales de figuras de la Fiscalía General del Estado, como Teresa Peramato.
• Otras instituciones: También se han expuesto datos de personas relevantes en seguridad nacional, como Esperanza Casteleiro, directora del CNI, y Loreto Gutiérrez Hurtado, responsable del Departamento de Seguridad Nacional.
Autor reincidente bajo seguimiento
La Policía Nacional ha confirmado que quien perpetró esta infracción es un usuario que días atrás difundió información sensible vinculada a la Policía Nacional y la Guardia Civil. La publicación de estos nuevos archivos contra el Ejecutivo y el Ministerio Público representa un avance significativo en sus acciones, lo que ha llevado a la CGI a intensificar las investigaciones para identificarlo y localizarlo.
Contexto y antecedentes
Este incidente ocurre en un momento de creciente inquietud por la ciberseguridad institucional. No es la primera brecha de este tipo; hace pocos meses, la Policía Nacional arrestó en Canarias a dos jóvenes por divulgar datos personales del Ejecutivo central y de distintos representantes regionales y locales.
La investigación de aquel caso sigue en curso y se ha centrado en rastrear el patrimonio de los imputados, quienes, según las pesquisas, habrían invertido las ganancias obtenidas mediante sus actividades ilícitas en criptomonedas. Las autoridades trabajan ahora para establecer posibles conexiones entre ambos hechos y reducir las consecuencias derivadas de la reciente filtración.
