La Audiencia Nacional ha dictado medidas cautelares contra dos ex altos cargos del Ministerio de Transportes implicados en el denominado “caso Koldo”. Isabel Pardo de Vera, que fue presidenta de Adif, y Javier Herrero, exdirector general de Carreteras, están obligados a entregar su pasaporte y tienen prohibido salir del territorio español tras ser imputados.
Ambos exfuncionarios están siendo investigados por presuntas concesiones fraudulentas a empresas como Acciona, OPR (Obras Públicas y Regadíos) y LIC (Levantina, Ingeniería y Construcción). Según la Guardia Civil, habrían facilitado contratos públicos a cambio de comisiones; sin embargo, en sus declaraciones judiciales negaron cualquier irregularidad y afirmaron haber seguido los procedimientos administrativos correspondientes.
La investigación, iniciada a partir del análisis de contratos sospechosos para la adquisición de mascarillas durante la pandemia, se ha extendido para incluir posibles irregularidades en obras públicas. El caso involucra directamente a miembros del entorno del PSOE, afectando a los exsecretarios de Organización José Luis Ábalos y Santos Cerdán, así como a Koldo García, exasesor de Ábalos y figura principal en la causa.
Con la implantación de estas nuevas restricciones, el proceso judicial entra en una etapa más compleja, con posibles implicaciones políticas y administrativas que podrían intensificarse.
