Juanfran Pérez Llorca, el recién nombrado presidente de la Generalitat Valenciana, ha llevado a cabo una reestructuración significativa del Consell, conservando a ciertos consejeros controversiales tras la DANA pero alterando las funciones a su cargo.
Susana Camarero continuará como vicepresidenta, aunque pierde la función de portavoz del Consell y deja de dirigir la cartera de Servicios Sociales, que abarca la atención a personas mayores. Recientemente, Camarero fue citada como testigo en la investigación penal sobre la DANA, que analiza el fallecimiento de 37 dependientes conectados al servicio de teleasistencia.
En cuanto a José Antonio Rovira, otro consejero que generó controversia, cambia su ámbito de Educación, Cultura y Universidades por el de Economía y Hacienda. Rovira recibió críticas por ausentarse durante la emergencia de la DANA y regresar a su residencia en Alicante en ese momento crítico.
Ruth Merino, la única consejera que no continuará desde el anterior gobierno, deja la consejería de Hacienda. Asimismo, Pérez Llorca ha creado dos nuevas consejerías: Presidencia, con una reorganización del personal procedente de la etapa de Carlos Mazón, y Servicios Sociales, Infancia y Familia.
Con estas modificaciones, el presidente pretende fortalecer la administración y redistribuir las competencias relacionadas con la atención a emergencias y servicios sociales, en un contexto donde la gestión de la DANA continúa siendo objeto de debate en la sociedad valenciana.
