La OTAN junto con las agencias de seguridad europeas están investigando si una red de barcos mercantes relacionados con Moscú —conocida como la «flota fantasma» creada para evadir sanciones— se está utilizando como base móvil para lanzar y controlar drones en el mar Báltico. Esta estrategia convertiría estos buques civiles en plataformas de guerra híbrida.
Estas sospechas aumentaron a principios de septiembre, cuando entre el 7 y el 10 de ese mes las fuerzas alemanas inspeccionaron el carguero Scanlark en la esclusa de Kiel-Holtenau. Se presume que este barco pudo haber enviado un dron que, según la investigación, sobrevoló y fotografió una fragata alemana el 26 de agosto. La Fiscalía de Flensburg investiga la posible existencia de una «base móvil de drones» vinculada a este caso, y lo relaciona con cientos de vuelos inusuales cerca de infraestructuras críticas en 2025.
El 22 de septiembre se produjo una nueva alerta cuando varios «drones de gran tamaño» causaron el cierre temporal del aeropuerto de Kastrup en Copenhague, provocando la desviación o cancelación de cerca de 150 vuelos. Fuentes de seguridad danesas, citadas por la televisión pública, identificaron a tres barcos sospechosos de haber desplegado al menos uno de estos drones. Entre ellos están el petrolero sancionado Astrol 1, que ese día navegó por el estrecho de Öresund realizando maniobras inusuales; el petrolero Pushpa, también sancionado por la UE y registrado en Benín, que fue vigilado durante horas por un buque aliado; y el carguero Oslo Carrier 3, ubicado a pocos kilómetros del aeropuerto y cuya empresa está radicada en Kaliningrado, enclave ruso.
La utilización de buques civiles para operar con drones no es un concepto nuevo: Irán ha adaptado antiguos portacontenedores para lanzar drones y armamento desde sus cubiertas, modelo que podría estar sirviendo para tácticas de «negación plausible» en aguas internacionales.
Las consecuencias superan el espionaje: la flota fantasma, diseñada para evadir sanciones energéticas, ha estado vinculada a actos de sabotaje. Un caso destacado en Finlandia terminó con cargos: el capitán y dos oficiales del petrolero Eagle S fueron imputados por cortar cinco cables submarinos entre Finlandia y Estonia el 25 de diciembre de 2024, tras arrastrar un ancla por decenas de kilómetros. Este es el primer procedimiento penal de este tipo en un país miembro de la OTAN.
Expertos y autoridades aliadas destacan que la militarización de plataformas civiles dificulta la atribución de responsabilidades y la respuesta, ya que los buques mercantes permiten operaciones económicas y de difícil seguimiento que pueden parecer incidentes accidentales. Mark Galeotti, especialista en operaciones de zona gris, señala que en esta «nueva modalidad de guerra» todo elemento puede ser convertido en militar para actuar por debajo del umbral oficial del conflicto, generando molestias y sabotajes que desgastan recursos y la voluntad política occidental.
Ante esta situación, la UE y la OTAN deben ajustar sanciones, patrullajes y marcos legales para operar en aguas internacionales, donde la combinación de logística energética, inteligencia y posibles actos de sabotaje hace que el Báltico sea un espacio cada vez más tensionado por tácticas híbridas. Las investigaciones en Alemania, Dinamarca y Finlandia buscan determinar la dimensión, responsables y conexiones entre los hechos que, en caso de confirmarse, evidenciarían una red organizada que utiliza mercantes civiles como plataformas y bases para drones.