El Ejecutivo ha puesto en marcha una medida que otorga el ascenso inmediato a la máxima categoría dentro de la carrera fiscal a quienes desempeñen el cargo de fiscal general del Estado, generando un intenso debate en el seno del Ministerio Fiscal.
De acuerdo con declaraciones oficiales, esta iniciativa busca reconocer la importancia institucional y la elevada responsabilidad que conlleva el cargo, encargado de liderar y coordinar la totalidad del Ministerio Fiscal. Aun así, la medida ha sido objeto de críticas por parte de algunos sectores del cuerpo fiscal, que ponen en duda los criterios aplicados para el ascenso automático.
Numerosos miembros de la carrera fiscal han manifestado su preocupación ante la aparente desvinculación entre estos nombramientos y la excelencia jurídica. Señalan que el hecho de que el fiscal general sea designado por el Gobierno en funciones —con el respaldo del Parlamento— no debería justificar automáticamente la máxima promoción profesional, principalmente cuando no se evalúa objetivamente el mérito y la experiencia jurídica.
«Este tipo de decisiones pueden afectar negativamente a la percepción de independencia y mérito dentro de la carrera fiscal», afirmó un fiscal bajo condición de anonimato.
El ascenso directo podría influir de forma duradera en la estructura organizativa del Ministerio Fiscal y avivar el debate sobre la posible politización de cargos judiciales y fiscales superiores. Por ahora, la medida continúa implementándose, con la posibilidad de que asociaciones fiscales presenten recursos o pidan una revisión.
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