El Ayuntamiento de Valls (Tarragona) ha sido condenado a abonar casi 350.000 euros a un agente de la Policía Local que intervino, estando fuera de servicio, en la actuación frente a los terroristas del 17 de agosto de 2017 en Cambrils. Desde entonces, el policía padece trastorno de estrés postraumático y la sentencia indica que el consistorio lo dejó “en una situación de total desamparo” durante ocho años.
El agente colaboró de forma voluntaria y decisiva en la detención de uno de los yihadistas implicados en el atentado de Cambrils, ocurrido horas después del ataque en Las Ramblas de Barcelona. Como consecuencia de dicha intervención, desarrolló graves secuelas psicológicas que le impidieron reincorporarse plenamente a su trabajo.
El tribunal confirmó que el Ayuntamiento no ofreció el respaldo médico, psicológico ni administrativo necesario para su situación, incumpliendo sus obligaciones laborales y de protección hacia un empleado que había intervenido en una situación de servicio extraordinaria.
Por ello, el tribunal ha ordenado el pago de una indemnización de 348.000 euros en concepto de daños morales, perjuicios económicos y gastos derivados del tratamiento.
Esta resolución pone fin a un largo proceso judicial en el que el agente reclamó la falta de respuesta institucional, a pesar de haber actuado con profesionalidad y valentía durante los ataques. La sentencia destaca la importancia de asegurar un acompañamiento adecuado a miembros de cuerpos de seguridad afectados en intervenciones de alto riesgo, incluso fuera de servicio.
