La condena impuesta al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha provocado diferentes reacciones entre los principales partidos de derecha. El Tribunal Supremo le sancionó con dos años de inhabilitación especial para ejercer el cargo, una multa de 7.200 euros y la obligación de indemnizar con 10.000 euros a Alberto González Amador por daños morales. La sentencia, que consta de 233 páginas, fue comunicada el 20 de noviembre, y este martes se difundió el texto completo de la resolución junto con el voto discrepante de dos magistradas.
Desde el Partido Popular, la portavoz en el Congreso, Ester Muñoz, señaló que aún no ha podido revisar toda la sentencia, pero defendió que el Tribunal Supremo, como máxima autoridad judicial, ha emitido una resolución detallada que fundamenta la condena. Cuca Gamarra, vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, expresó en redes sociales que redactar notas de prensa con datos confidenciales por parte del fiscal general es ilegal. Añadió que con esta sentencia, todos aquellos que exigían una resolución para criticar a los jueces ya cuentan con ella.
En Vox, Pepa Millán acusó al PSOE de mantener una actitud corrupta en diversos ámbitos y afirmó que está involucrando a la Justicia tras la condena reciente al fiscal general del Estado.
Por otro lado, Sumar, socio del PSOE en el Gobierno, tachó la resolución judicial de una “sentencia a demanda” y defendió que la Fiscalía General del Estado ha actuado para proteger la institución frente a desinformación promovida por actores políticos y económicos. Desde el partido expresaron en redes sociales que es momento de defender la democracia.
