El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), dependiente del Ministerio de Economía, posee actualmente una participación en Caixabank valorada en aproximadamente 12.700 millones de euros. La reciente subida en el mercado bursátil genera una oportunidad para que el Gobierno reduzca su presencia accionarial y recupere una parte considerable de los fondos invertidos en la antigua Bankia.
El avance en la cotización de Caixabank ha incentivado a los inversores a exigir al Ejecutivo de Pedro Sánchez que acelere la venta de su participación en el banco. El precio de las acciones ha aumentado más del 100% en el último año, lo que permite al Estado recuperar, al menos en términos de valoración, más de la mitad de los 24.400 millones de euros destinados al rescate de la antigua Bankia durante la crisis financiera pasada.
Actualmente, el FROB posee el 18,1% de las acciones de Caixabank, un paquete cuyo valor supera los 12.000 millones de euros. Hasta el momento, el Estado ha recuperado directamente únicamente 1.000 millones de euros del total invertido, aunque ha percibido dividendos tanto de la extinta Bankia como, posteriormente, de Caixabank.
Fuentes del mercado indican que el Gobierno cuenta con una «ventana de oportunidad» para capitalizar su inversión mediante ventas parciales de gran volumen. Aunque el plazo para completar la desinversión se extiende hasta diciembre de 2027, la incertidumbre sobre el valor futuro impulsa a actuar con rapidez.
No obstante, a pesar de la presión y el elevado valor de las acciones, se considera poco probable que el Ejecutivo liquide todo su paquete accionarial de forma inmediata. Hasta ahora, el FROB ha participado en los programas de recompra de acciones impulsados por Caixabank para no incrementar su participación y obtener rendimientos limitados.
En 2021, Caixabank absorbió a Bankia en una operación promovida por el Gobierno. Las primeras ventas que permitieron recuperar fondos para el FROB se realizaron en 2023, con 335 millones de euros, y en 2024, con 665 millones.
El banco catalán asegura sentirse cómodo con la presencia del Estado en su accionariado, ya que este no interviene en la gestión diaria. Sin embargo, desde la dirección se prefiere que el Gobierno reduzca gradualmente su participación. El consejero delegado, Gonzalo Gortázar, señaló que la venta total de la participación pública es inevitable y que la entidad está preparada para ese momento, destacando que la inversión estatal se ha multiplicado por siete desde la fusión, incluyendo dividendos.
Este proceso contrasta con la estrategia seguida por otros países europeos, que ya han completado la salida de las entidades rescatadas. Además, se da en un contexto en el que Moncloa busca reforzar el control estatal en compañías estratégicas como Telefónica, Indra y Talgo.
El rendimiento de Caixabank en el mercado ha sido destacado, superando una capitalización de más de 70.000 millones de euros y superando al banco holandés ING. Se prevé que la entidad alcance un nuevo récord de beneficios en 2025 y que aumente la retribución a los accionistas, incluido el Estado, a pesar de ser la única entidad que afrontará un mayor pago por el impuesto extraordinario al sector financiero impuesto por el Gobierno.
