El Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), principal institución española dedicada a la investigación contra el cáncer, está bajo la lupa por una supuesta malversación de 25 millones de euros a lo largo de 18 años. Esta acusación fue presentada por un alto cargo del centro que señala irregularidades que habrían desviado fondos destinados a la investigación oncológica.
El denunciante, que desempeñó los cargos de director de Compras entre 2022 y 2025 y director de Operaciones en 2024 y 2025, ha presentado una querella de 120 páginas ante la Fiscalía Anticorrupción. Esta denuncia cuenta con el respaldo del jefe de Cumplimiento Normativo y cuatro técnicos. El expediente incluye más de 500 pruebas documentales, como contratos, correos electrónicos y grabaciones, que detallan supuestos fraudes en áreas administrativas, logísticas y tecnológicas. Según la querella, estas irregularidades habrían estado amparadas por el exgerente del centro, Juan Arroyo, cesado en enero de 2025, quien continuó ejerciendo como vicedirector de Asuntos Económicos.
Empresas implicadas y sobrecostes detectados
El escrito judicial habla de un constante fenómeno de microcorrupción en contratos adjudicados de forma irregular a compañías relacionadas con antiguos directivos del CNIO. Entre ellas destacan:
- Gedosol SL, establecida en 2007 por la pareja del exjefe de Personal, que recibió 15,1 millones de euros por servicios presuntamente irreales. Los denunciantes estiman sobrecostes de 3,3 millones, incluyendo pagos inflados a personal.
- Zeus SL, vinculada al exdirector técnico y amigo de Arroyo, que se adjudicó contratos relacionados con SAP por un total de 5,2 millones, a pesar de su aparente falta de experiencia, generando sobrecostes por 1,4 millones.
- Alaos ITL SL, relacionada con antiguos compañeros del CNIO, obtuvo contratos para almacenamiento y esterilización con posibles sobreprecios por 1,3 millones.
Entre las prácticas denunciadas sobresalen pagos por digitalizar documentos simples por 3.000 euros en 2007 y adjudicaciones directas sin concurrencia pública, acciones que están prohibidas por la ley de contratos del sector público.
Impacto en la investigación científica
La supuesta malversación habría derivado recursos que podrían haber financiado avances significativos en oncología. La Fiscalía de Madrid está evaluando la denuncia, que incluye testimonios sobre metodologías que no se emplean en otros centros europeos. Por su parte, el CNIO ha señalado que respeta los procedimientos judiciales vigentes.
Este caso se suma a la crisis ocurrida hace casi un año, cuando la directora científica María Blasco y el gerente Juan Arroyo fueron separados de sus cargos tras acusaciones relacionadas con malversación, autoritarismo y deterioro de la actividad investigadora. Mientras Blasco denunció acoso y responsabilizó a Arroyo, la figura de este último vuelve a ser foco de atención.
La investigación podría afectar la confianza depositada en el CNIO y su futura financiación, en un contexto donde otras irregularidades en centros de investigación españoles, como el Instituto Josep Carreras, han salido recientemente a la luz.
