Este sábado, las calles de Teherán fueron escenario de nuevas manifestaciones en las que ciudadanos mostraron su desacuerdo con el régimen, a pesar de un bloqueo casi total de internet y el temor a una respuesta violenta por parte de las autoridades. Estas protestas, iniciadas hace dos semanas, representan uno de los principales retos para la República Islámica en un contexto de creciente insatisfacción social.
De acuerdo con informes y videos verificados por la agencia AFP, las concentraciones comenzaron en el norte de la capital, donde los manifestantes expresaron consignas contra el Gobierno y emplearon cacerolas como símbolo de protesta. En diversas zonas se lanzaron fuegos artificiales, y se escucharon gritos de apoyo a la dinastía Pahlavi, derrocada en la Revolución Islámica de 1979. También se reportaron otros incidentes en distintos puntos de la ciudad, aunque no todos han sido confirmados de forma independiente.
Organizaciones de derechos humanos han informado que desde el comienzo de las protestas han fallecido al menos 51 personas, entre ellas nueve menores. La ONG Iran Human Rights, con sede en Noruega, ha difundido imágenes presuntamente de cuerpos de manifestantes en un hospital de Teherán. Por otro lado, algunas fuentes elevan la cifra de muertos a 116, y mencionan más de 2600 detenciones.
Los disturbios comenzaron como reacción al aumento del costo de vida, pero han evolucionado hacia un rechazo más generalizado al régimen. En varios barrios de Teherán se han escuchado consignas contra el líder supremo, el ayatolá Ali Jameneí, lo que refleja un malestar más amplio.
A pesar de la creciente represión, el líder supremo ha señalado la posibilidad de adoptar medidas más estrictas, desestimando las advertencias de Estados Unidos. En este marco, el fiscal general de Irán, Mohammad Movahedi Azad, advirtió que cualquier persona que participe en las protestas será considerada un «enemigo de Dios», una acusación que puede acarrear la pena de muerte. La televisión estatal también ha señalado que quienes apoyen a los manifestantes enfrentan consecuencias legales.
Desde el jueves, gran parte del país enfrenta un importante corte de internet, una medida tomada por las autoridades para restringir la salida de información, según la organización Netblocks. Esta limitación ha dificultado la confirmación precisa de los hechos y ha despertado gran preocupación internacional.
Los medios locales han centrado su cobertura principalmente en la seguridad y las bajas de las fuerzas del orden, minimizando la cantidad de manifestantes fallecidos y comenzando a calificarlos como «terroristas». Sin embargo, la televisión estatal reconoce que las manifestaciones continúan, con protestas informadas en Teherán y la ciudad sagrada de Mashhad.
Ante el aumento de tensiones, la comunidad internacional ha expresado su condena por las acciones represivas del gobierno iraní. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, ha expresado su apoyo a los ciudadanos iraníes que reclaman libertad, criticando la «violenta represión». Igualmente, el presidente de Estados Unidos afirmó que Irán «aspira a la libertad» y advirtió que una represión masiva podría provocar una respuesta firme de la comunidad internacional.
En un escenario de debilidad interna, estas protestas constituyen las más significativas desde las movilizaciones que surgieron tras la muerte de Mahsa Amini en 2022, quien fue arrestada por incumplir el estricto código de vestimenta femenino. Este contexto de descontento se agrava también por la disminución de la influencia regional de Irán y el endurecimiento de las sanciones internacionales relacionadas con sus actividades nucleares.
