Carles Puigdemont, expresidente de la Generalitat, ha reconocido ciertos progresos en lo que denomina una “amnistía política”, aunque considera que su vuelta a España continúa siendo inviable. Junts per Catalunya presume que el Tribunal Supremo no aplicará la última ley de amnistía al líder independentista, por lo que su situación judicial permanecerá sin alteraciones inmediatas.
Desde Bruselas, Puigdemont ha considerado que la normativa constituye un “avance significativo” en el reconocimiento del conflicto político catalán, pero critica la “oposición” de los órganos judiciales a implementarla plenamente. De manera similar, voceros de Junts manifiestan que no prevén un cambio en la actitud del Supremo y asumen que el expresidente seguirá residiendo en Bélgica por tiempo indefinido.
A pesar de esto, Junts mantendrá —por ahora— su apoyo parlamentario al Gobierno de Pedro Sánchez, con una advertencia explícita: su respaldo es suficiente pero también sujeto a condiciones. La formación insiste en que la continuidad de la legislatura dependerá del cumplimiento de los acuerdos pactados y del desarrollo de los procesos judiciales contra dirigentes independentistas.
Este contexto refleja las tensiones entre los avances políticos promovidos desde el Congreso y la interpretación judicial, dejando en incertidumbre tanto el futuro personal de Puigdemont como la estabilidad del Ejecutivo.
