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Rusia tipifica como delito la búsqueda en Internet de contenido señalado como «extremista»

El Kremlin ha aprobado una ley que permitirá sancionar a ciudadanos por consultar material prohibido en la red

Tras restringir casi por completo las manifestaciones públicas, el Gobierno ruso ha avanzado en su control de la disidencia digital al establecer como delito la simple búsqueda y acceso a información calificada de «extremista» por las autoridades. Esta medida fue aprobada este martes por la Duma Estatal mediante una enmienda legal.

En Rusia, la definición de “extremismo” abarca un amplio y ambiguo espectro. El Ministerio de Justicia mantiene un registro con más de 500 sitios y unas 5.500 entradas que incluyen desde organizaciones LGBT hasta asociaciones indígenas, escritores críticos y entidades como la Fundación Anticorrupción. Cualquier persona que acceda intencionadamente a estos contenidos, incluso utilizando VPN, podría enfrentar multas, procesos judiciales e incluso condenas.

Las sanciones iniciales previstas son multas de hasta 5.000 rublos (alrededor de 60 euros), aunque podrían derivar en cargos más graves. Además, quienes promocionen servicios VPN pueden ser multados con hasta 600 euros y las empresas hasta con 6.000 euros.

Las respuestas han sido inmediatas: este martes, cuatro personas fueron arrestadas frente a la Duma por manifestarse contra la nueva normativa. Entre ellas estaban el politólogo Dimitri Kisiev, quien portaba un cartel con la inscripción “Por una Rusia sin censura. Orwell escribió una distopía, no un manual”, y el opositor Boris Nadezhdin, que anunció futuras protestas en defensa de la libertad digital.

Esta ley se enmarca en una ofensiva más amplia del Kremlin iniciada en 2022 contra plataformas digitales. Luego de bloquear Facebook, Instagram y Twitter, ahora la atención está puesta en WhatsApp, cuya expulsión del país podría producirse próximamente.

De forma paradójica, Ekaterina Mizulina, presidenta de la Liga de Internet Segura y conocida por defender la censura, ha expresado su rechazo a esta ley. Argumenta que impedirá que los denominados “cazadores de contenido extremista” realicen su labor sin violar la normativa, y ha solicitado que se abra un debate público sobre la enmienda.

El texto legal señala que para que se considere delito, debe probarse que el usuario realizó tanto la búsqueda como el acceso al contenido prohibido. No obstante, el Servicio Federal de Seguridad (FSB) no requiere comprobarlo presencialmente, pues podrá monitorear remotamente las actividades en línea, incluyendo búsquedas y pestañas abiertas.

“Es probable que se responsabilice a personas únicamente por tener en su historial de búsqueda o pestañas abiertas contenido catalogado como extremista”, advirtió el abogado Andrei Grivtsov al diario Kommersant.

Ya hay ciudadanos que borran su historial de forma diaria, aunque expertos como Vasily Stepanenko, responsable en un proveedor de servicios en la nube, señalan que esto no será suficiente, ya que los sitios bloqueados y los servicios VPN podrían verse obligados a entregar registros de actividad a las autoridades.

Mientras tanto, las solicitudes para protestar continúan siendo rechazadas bajo el pretexto de las restricciones vigentes por la pandemia de coronavirus en Moscú. En paralelo, este martes la Policía irrumpió en las oficinas del medio independiente Baza, una de las pocas publicaciones que todavía no están bajo control gubernamental.

Con esta regulación, la libertad de expresión y la privacidad digital en Rusia se ven cada vez más limitadas. Lo que antes era solo una ficción distópica se está convirtiendo, progresivamente, en una realidad legal.

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