El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este miércoles un compromiso para reducir la carga administrativa que enfrentan los profesores desde la aprobación de la Ley Celaá. Propuso implementar herramientas basadas en inteligencia artificial que faciliten la simplificación de trámites y evaluaciones, que actualmente absorben gran parte del tiempo del profesorado.
La declaración se produjo luego de las amenazas de huelga formuladas por los principales sindicatos educativos —UGT, CCOO, Csif y Anpe— que exigían respuestas inmediatas y un documento formal con propuestas para la carrera docente. Hasta el momento no existe un acuerdo escrito, aunque el Ejecutivo prometió reunirse con estas organizaciones la próxima semana.
Durante su visita a una escuela infantil en Getafe, acompañado por la ministra de Educación, Pilar Alegría, y el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, Sánchez reconoció que una de las causas principales de insatisfacción en las aulas es la excesiva burocracia. “La carga administrativa es elevada”, afirmó.
Además, adelantó que el Gobierno está preparando una ley que establecerá un máximo de 23 horas lectivas semanales en Primaria y 18 en Secundaria, con el objetivo de unificar las condiciones laborales del profesorado en todo el país. Aunque la mayoría de las comunidades autónomas ya se acercan a estos límites, la normativa impedirá incrementos unilaterales de las horas lectivas por parte de las autonomías.
Respecto a la reducción del número de alumnos por clase, Sánchez indicó que seguirá promoviendo esta medida, aunque sin especificar fechas ni objetivos concretos. También informó sobre una asignación presupuestaria de 175 millones de euros destinada a familias en situación de pobreza para asegurar la gratuidad de la educación infantil de 0 a 3 años, aunque inicialmente había presentado esta ayuda para etapa primaria.
Los sindicatos reaccionaron con precaución. Teresa Esperabé, de CCOO, señaló que aún no cuentan con documentos y que las medidas propuestas resultan insuficientes. Desde UGT, Beatriz García recomendó mantener la prudencia y recordó la frustración del profesorado tras meses de compromisos incumplidos. Anpe valoró positivamente la unificación de horarios, mientras que Csif advirtió que mantendrá la presión en la calle si no se producen avances concretos.
Por el momento, los sindicatos tienen previsto reunirse la próxima semana para analizar en detalle las promesas del Ejecutivo y decidir si continúan con el plan de movilizaciones, que podría culminar en la primera huelga educativa bajo el mandato de Sánchez.