El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, enfrenta un momento de desgaste político considerable, según han señalado sus aliados tras las recientes reuniones en La Moncloa. Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra Republicana, indicó que el líder del Ejecutivo estaba «muy afectado», siendo el propio republicano quien puso en duda con mayor firmeza la continuidad del Gobierno de coalición.
En la sesión de control del miércoles, Rufián lanzó un ultimátum: «Jure y perjure que no estamos ante la Gürtel del PSOE», afirmó al presidente, alertando que si se confirmaba una financiación ilegal similar a la de la trama popular, ERC retiraría su apoyo y solicitaría elecciones anticipadas junto a Podemos. «Que la ciudadanía decida», concluyó.
Posteriormente, en una conversación privada en Moncloa, Rufián preguntó si el escándalo «terminaba aquí» o si aún había información comprometedora por conocerse. Sánchez respondió con un «sí» firme, negando rotundamente cualquier financiación irregular del PSOE. Según fuentes socialistas consultadas por THE OBJECTIVE, el presidente atribuyó el escándalo a «dos personas que le han traicionado» y expresó su descontento: «Es una situación complicada».
La tensión aumentó cuando Rufián exigió públicamente la eliminación de los aforamientos para diputados, senadores, ministros y el propio presidente. Esta exigencia formaba parte de las tres condiciones para que ERC mantuviera su apoyo: total transparencia, sanciones estrictas a empresas corruptoras y la supresión de privilegios judiciales.
Esta fue la única petición que Sánchez rechazó de forma tajante. Según las mismas fuentes, el presidente solicitó expresamente a Rufián que no insistiera en este punto, argumentando que «los necesita» en el contexto de la actual «presión judicial» contra su entorno familiar. Cabe señalar que ni su esposa, Begoña Gómez, ni su hermano, David Sánchez, cuentan con aforamiento, aunque este último podría beneficiarse indirectamente del aforamiento del presidente del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo.
Desde la imputación de su esposa hace un año, Moncloa ha endurecido su retórica contra el poder judicial y medios de comunicación, acusando a determinados sectores de practicar lawfare con el fin de desestabilizar al Gobierno. A pesar del archivo de las querellas contra el juez Juan Carlos Peinado, encargado del caso, el Ejecutivo sostiene que persiste una campaña de persecución institucional que continuará hasta intentar imputar al propio presidente.
