El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este lunes 12 de enero de 2026 un conjunto de medidas «urgentes y contundentes» para intervenir en el mercado de viviendas. El anuncio se realizó durante el inicio de las obras de la Operación Campamento en Madrid, donde adelantó la inminente aprobación de un Real Decreto-ley orientado a controlar el incremento de precios y limitar el uso «fraudulento» de contratos de corta duración.
Principales puntos del nuevo decreto de vivienda
El Gobierno propone tres acciones directas para aliviar la crisis habitacional:
• Bonificación del 100% en el IRPF para propietarios: Se busca estimular la contención de los precios mediante una exención fiscal para aquellos caseros que renueven contratos sin aumentar la renta. Así, estos ingresos quedarán exentos de tributación en la declaración de la renta. Esta medida representa la opción del ala socialista en lugar de implementar una congelación obligatoria de rentas demandada por sus aliados de coalición.
• Restricciones estrictas para el alquiler temporal: Se establecerán normas rigurosas para impedir que los propietarios utilicen el alquiler de temporada—destinado a estudiantes o traslados breves—para eludir la Ley de Vivienda. Se aplicarán nuevas sanciones y será necesaria la inscripción en un registro estatal.
• Limitación en el alquiler por habitaciones: Se prohibirá que la suma del importe de todas las habitaciones de una vivienda supere la renta total establecida en el contrato. Además, en las zonas tensionadas, estos precios estarán sujetos al índice fijado en la Ley de Vivienda.
Desafíos legislativos para el decreto
A pesar del firme planteamiento, el presidente afronta dificultades en el Congreso:
1. Rechazo desde la izquierda: Los grupos Sumar y Podemos ya han manifestado que no apoyarán la propuesta, calificándola como un error por favorecer con ventajas fiscales a los propietarios en lugar de imponer una congelación legal de rentas.
2. Conflicto con comunidades del PP: Sánchez criticó la «insumisión» de las regiones gobernadas por el Partido Popular, que se resisten a aplicar los topes de precios, y afirmó que el Estado debe «actuar» frente a la emergencia habitacional.
3. Medidas contra la especulación: Se justificó la intervención para combatir lo que describió como el «abuso y codicia sin escrúpulos» de quienes se benefician de la vivienda a costa de las familias.
Operación Campamento: creación de 10.700 viviendas públicas
El anuncio se realizó en el contexto del inicio de la demolición de los antiguos cuarteles que forman parte de la Operación Campamento. Este proyecto contempla la construcción de más de 10.000 viviendas, con la garantía del Gobierno de que el 100% serán asequibles y de promoción pública.
