Este jueves, por primera vez, el Consejo Europeo analizará la crisis de la vivienda en Europa, incluyendo este tema en su agenda a petición de España y otros países. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pretende impulsar este asunto a nivel comunitario para conseguir financiación y establecer un marco normativo común que contribuya a aliviar la situación.
Desde La Moncloa reconocen que la situación de la vivienda presenta un problema serio en España, aunque enfatizan que es una dificultad compartida con numerosas naciones miembros de la Unión Europea. “Somos conscientes, aunque no es un fenómeno exclusivo de España”, indican fuentes del Ejecutivo. Estas destacan la importancia de una respuesta coordinada para abordar un desafío que genera tensiones sociales en gran parte del continente.
La inclusión de esta cuestión en el orden del día del Consejo coincide con la designación del primer comisario europeo de Vivienda, el danés Dan Jørgensen. El Gobierno español ve en este nombramiento una oportunidad para situar la materia en el centro del debate en Europa y buscar mecanismos de apoyo económico. Aunque la reunión de hoy tendrá carácter deliberativo y no se esperan decisiones concretas, Sánchez quiere aprovechar para promover que Bruselas y el Banco Europeo de Inversiones (BEI) canalicen recursos hacia las naciones más afectadas. El BEI, liderado por la exvicepresidenta Nadia Calviño, sería una pieza clave para inyectar liquidez en el sector.
La Comisión Europea está elaborando un Plan Europeo de Vivienda Asequible, que contempla duplicar los fondos dirigidos a políticas de cohesión en este ámbito y la creación de una plataforma de inversión paneuropea. El Ejecutivo español confía en que estas iniciativas se traduzcan en un impulso económico concreto.
Más allá del aspecto financiero, Sánchez sostiene que la Unión Europea puede jugar un papel decisivo en la regulación del mercado inmobiliario. Concretamente, propone el establecimiento de normas comunes para combatir la especulación ligada al crecimiento de los pisos turísticos y definir “zonas tensionadas”. Estas medidas están contempladas en la Ley de Vivienda española, aunque han sido rechazadas por las comunidades autónomas gobernadas por el PP. El Gobierno aspira a que una directiva o marco europeo sirva como referencia obligatoria para todos los Estados miembros.
No obstante, desde Bruselas advierten de las limitaciones para una actuación conjunta. El Consejo Europeo reconoce que “la magnitud y causas de la crisis varían considerablemente” entre países, dificultando encontrar soluciones integrales a nivel comunitario. Un documento interno señala que mientras en el sur de Europa los alquileres suben por la transformación de viviendas en alojamientos turísticos, en el sureste los problemas derivan del hacinamiento y la carencia de infraestructuras.
El informe también resalta la gravedad de la situación en España: alquilar una vivienda en el centro de Madrid o Barcelona supone cerca del 74% del salario medio, la segunda proporción más alta en toda la Unión Europea. Esta presión económica es un aspecto que el Ejecutivo de Sánchez busca situar en el centro del debate europeo.