El Gobierno de Pedro Sánchez atraviesa una etapa complicada debido a la acumulación de escándalos vinculados a importantes miembros del PSOE y su entorno cercano. La cadena de investigaciones, sentencias y revelaciones judiciales ha provocado en el Ejecutivo una sensación de desgaste continuo y de dificultad para impulsar su agenda política.
Un Ejecutivo sin margen de maniobra y centrado en la controversia
“La gestión está muy condicionada; resulta inviable tomar la iniciativa con múltiples frentes abiertos”, admite una alta autoridad del Ejecutivo tras la condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por filtración de secretos. Según fuentes de Moncloa, esta sentencia eleva el nivel de críticas por parte de la oposición y anula cualquier intento por recuperar el control del relato político, incluyendo las propuestas ideológicas y sociales promovidas al inicio del periodo, que pretendían devolver al Gobierno capacidad de liderazgo.
La inquietud crece ante la acumulación de casos: los informes de la UCO sobre Santos Cerdán, las condenas de prisión que pesan sobre José Luis Ábalos y Koldo García, y el revés judicial al fiscal general. Algunos dirigentes socialistas describen el ambiente como una “constantemente conflictivo” del que resulta complejo salir.
Estrategia de trasladar el conflicto a lo autonómico
Frente a esta situación, Pedro Sánchez apuesta por intensificar el enfrentamiento con las comunidades gobernadas por el Partido Popular, especialmente con la Comunidad de Madrid. El sistema público de salud es el eje de esta confrontación territorial, situando a Isabel Díaz Ayuso como la principal antagonista.
Moncloa también emplea esta estrategia para fortalecer la presencia nacional de Sánchez y minimizar la limitada fuerza autonómica del PSOE, al mismo tiempo que impulsa la dupla formada por Mónica García y Óscar López en la contienda electoral madrileña.
Repercusiones de los escándalos en la cohesión interna
El reciente informe de la UCO y la sentencia del Tribunal Supremo han reavivado heridas que en el PSOE parecían estar cerrándose después de la crisis de junio. En el entorno cercano al presidente reconocen que aquellos fueron los momentos más difíciles de la legislatura y, aunque sostienen que la situación actual “no alcanza esa gravedad”, admiten que es “muy comprometedora”.
Fuentes de Ferraz indican que durante el verano se analizaron detenidamente los posibles riesgos de financiación irregular implicados en la trama Cerdán-Ábalos-Koldo y descartan ese extremo: “Hemos verificado ese punto. No existe riesgo”. Sin embargo, preocupa que la investigación se amplíe y sobrepase los límites que el PSOE intenta mantener.
“No hay evidencia que involucre al presidente”, afirma un miembro del Ejecutivo, quien resta importancia al asunto calificándolo de “algunos incidentes aislados”.
El PP, la estrategia de contrapunto y el miedo a la desafección
Mientras el PSOE busca defenderse señalando los casos de corrupción en el PP, algunos dirigentes alertan de que esta postura podría ser contraproducente. “Este enfoque de reprochar al adversario desanima a nuestros electores y contribuye a la percepción de corrupción generalizada”, advierten. Otras voces expresan una preocupación adicional: “Las deficiencias del sistema favorecen a Vox”.
A pesar del malestar, los datos internos descartan por ahora una caída significativa en las urnas. Según el análisis de Moncloa, el PSOE se mantiene aproximadamente en el 30% de intención de voto, una cifra que consideran notable dada la situación. “En junio estábamos muy comprometidos y hemos remontado; aún hay competición y faltan meses para los comicios”.
Expectativas de una tregua durante las fiestas navideñas
En Ferraz y el Gobierno confían en que el parón por las fiestas navideñas permita reducir la tensión política, aunque recuerdan que el verano no aportó la calma esperada. El ambiente interno oscila entre la resignación y el cansancio: “La conducta de Cerdán ha afectado negativamente al partido”, reconoce un ministro. No obstante, algunos en el Ejecutivo ven un posible beneficio político en la condena al fiscal general, interpretándola como un ejemplo de “uso político de la Justicia”, lo que, aseguran, moviliza a su base electoral.
Mientras tanto, el Gobierno acepta que no podrá imponer su programa a corto plazo y se prepara para afrontar semanas marcadas por el ruido judicial, la tensión territorial y el esfuerzo por contener el desgaste.
