Santos Cerdán, antiguo secretario de Organización nacional del Partido Socialista, ha sido citado para testificar en el juicio relativo a la expulsión de cuatro concejales de Santiago de Compostela —Mercedes Rosón, Milagros Castro, Gonzalo Muíños y Marta Álvarez— quienes ahora ejercen como concejales no adscritos. La defensa solicitó su declaración en calidad de firmante de la resolución disciplinaria y, pese a la oposición del PSOE, la jueza autorizó su comparecencia. Las sesiones están programadas para los días 7 y 8 de septiembre.
Durante la audiencia previa, el representante legal de los cuatro ediles pidió que Santos Cerdán declarara como testigo principal, dado que fue la persona que firmó su expulsión del partido. Además, reclamaron que testificaran cuatro empleados temporales del partido en Santiago y el exalcalde José Antonio Sánchez Bugallo.
La abogada del PSOE se opuso a la citación de Cerdán alegando que la solicitud perseguía un “efecto mediático” debido a la situación personal de Cerdán en ese momento, pues estaba detenido por presunta participación en una trama de cobro de comisiones. El PSOE argumentó que, al no pertenecer ya al partido, Cerdán no era un testigo adecuado.
En su lugar, la defensa del PSOE propuso la comparecencia del director de la Asesoría Jurídica de Ferraz, justificando que este tenía un conocimiento directo del proceso de los expedientes disciplinarios, mientras que Cerdán simplemente firmaba la propuesta de resolución.
No obstante, la jueza rechazó los argumentos del PSOE y aceptó la inclusión de todos los testigos solicitados por ambas partes, incluyendo a Santos Cerdán.
La magistrada indicó que la condición de Cerdán como miembro o no del partido no era relevante, ya que es citado por haber firmado la resolución. Asimismo, aprobó que declarase quien instruyó los expedientes en Ferraz, para aclarar los motivos y procedimientos detrás de las sanciones.
Además, se desestimó la petición de la abogada del PSOE para no repetir las declaraciones de los cuatro demandantes, destacando que la vista preliminar sobre medidas cautelares perseguía otros fines y resaltando la importancia del principio de inmediación, que asegura la presencia directa de los testigos en el juicio.
El conflicto que condujo a la expulsión comenzó el 24 de junio de 2024, cuando los seis concejales del grupo socialista en Santiago votaron en el Pleno a favor de una ordenanza sobre viviendas turísticas, contrariando la orden de la dirección local de abstenerse.
Ese mismo día, la ejecutiva local convocó una reunión para designar relevo para la jefa de gabinete y el responsable de comunicación. Gonzalo Muíños, entonces portavoz municipal, rehusó firmar estos cambios, lo que motivó su suspensión de militancia.
Después, la dirección local nombró nuevos portavoces, pero las concejalas Mercedes Rosón, Milagros Castro y Marta Álvarez no acudieron a la reunión de ratificación, alegando que la convocatoria carecía de validez. Este suceso provocó la ruptura completa del grupo municipal y su consiguiente expulsión, lo que llevó a los cuatro ediles a iniciar acciones legales para impugnar las resoluciones disciplinarias y solicitar su reincorporación.