Según un informe titulado “Por una justicia a la altura de la infancia” publicado este jueves por Save the Children, ocho de cada diez abusos sexuales a menores en España son perpetrados por personas próximas a la víctima, mientras que los procedimientos judiciales a menudo extienden el sufrimiento de estos durante largos períodos. El análisis se realizó a partir de 345 sentencias emitidas entre 2023 y 2024.
El informe subraya que el 82,9% de los afectados son niñas o adolescentes, y que la edad promedio en la que sufren los abusos es de 12 años. Además, un 5% presenta alguna discapacidad, lo que agrava su situación de vulnerabilidad.
En cuanto a los agresores, el 98% son hombres y en un 80% pertenecen al círculo familiar o cercano, incluyendo padres, familiares, amigos de la familia o profesionales que trabajan con menores. Se añade que seis de cada diez no contaban con antecedentes penales.
Procesos judiciales extensos y revictimización
Una cuestión especialmente preocupante es la duración de los procesos judiciales: el 40,9% de los casos se extiende más de tres años, y en un 12,1% supera los cinco años. Esta demora implica que los menores tengan que revivir la experiencia traumática mediante múltiples declaraciones. Más de la mitad debió testificar en varias oportunidades.
El estudio también indica que en apenas un 34,5% de los procedimientos se utilizó la prueba preconstituida (grabaciones de los testimonios para evitar su repetición), pese a ser obligatoria para menores de 14 años.
Un caso representativo es el de Sara, quien fue víctima de abusos por parte de su padre desde los 10 años. El juicio duró cuatro años y, a pesar de la gravedad, el agresor recibió una pena de dos años y seis meses, beneficiándose de una atenuante por demoras indebidas.
“Una violencia que se mantiene en silencio”
Catalina Perazzo, directora de Influencia y Desarrollo Territorial de Save the Children, señala que estos datos muestran cómo “la violencia permanece en silencio”. Añade que casi el 50% de las denuncias por delitos sexuales en España corresponden a víctimas menores, pero el sistema judicial continúa sin estar adecuadamente preparado para protegerlas.
La organización solicita la creación de más secciones judiciales especializadas, fiscalías enfocadas en violencia contra la infancia, equipos técnicos multidisciplinares y la implementación en todas las comunidades autónomas del modelo Barnahus, que integra atención psicológica, social y judicial en un solo espacio.
“La justicia debe garantizar protección y no convertirse en un ámbito que exponga a quienes han sufrido violencia sexual”, concluye la entidad.