Aliança Catalana ha comenzado su campaña política en Barcelona con la mirada puesta en las elecciones municipales de 2027 y las autonómicas previstas para 2028. El partido, dirigido por la alcaldesa de Ripoll y diputada en el Parlament, Sílvia Orriols, lanzó una iniciativa bajo el lema “Salvemos el catalán”, que contempla la presentación de 700 denuncias contra establecimientos de la capital catalana por incumplimiento de la normativa lingüística vigente.
Esta acción se basa en la Ley de Política Lingüística de 1998, que exige que la señalización fija y los documentos de oferta de servicios estén redactados al menos en catalán. De acuerdo con la dirección del partido, las denuncias, recopiladas desde septiembre con la colaboración de voluntarios, fueron remitidas a la Agencia Catalana del Consumo. Tres meses después, aseguran que no han obtenido respuesta por parte de la Generalitat.
Aliança Catalana critica al Govern dirigido por Salvador Illa por mantener un “silencio administrativo”, lo que, según sostienen, refleja la falta de compromiso institucional para defender los derechos lingüísticos y la presencia del catalán en el ámbito público. El partido comunicó que dará seguimiento a los expedientes hasta lograr una resolución formal, un proceso que normalmente puede extenderse entre tres y seis meses.
La campaña coincide con la apertura reciente de la nueva sede de la formación en Barcelona, ubicada en la parte izquierda del Eixample. Desde este espacio, Aliança pretende fortalecer su mensaje identitario catalanista en una ciudad que Orriols define como “territorio hostil” para su proyecto político, aunque confía en que los barceloneses finalmente apoyen su programa.
Esta ofensiva se desarrolla en un momento de incremento de las denuncias por discriminación lingüística. Plataforma per la Llengua ha informado que, por primera vez, ha recibido más de 3.000 quejas en un solo año, superando una media de ocho denuncias diarias, lo que representa un aumento superior al 650% en comparación con hace una década. El sector hostelero concentra una cuarta parte de las reclamaciones y, en el ámbito público, la sanidad representa cerca del 40%.
Aunque centra su atención en la cuestión lingüística, Aliança Catalana mantiene otros desafíos en su discurso. La pasada semana, durante el último pleno municipal del año en Ripoll, Orriols destacó su política de “mano dura” en materia migratoria, resaltando el escaso crecimiento del padrón de ciudadanos marroquíes en su mandato y atribuyendo el aumento de población sudamericana a las políticas migratorias del Gobierno central.
Con esta combinación de defensa lingüística, posicionamiento identitario y críticas a la inmigración y a las políticas de izquierdas, Aliança Catalana busca ampliar su apoyo electoral en Barcelona y consolidar el crecimiento que las encuestas pronostican más allá de sus actuales dos escaños en el Parlament.
